Un grupo de congresistas, entre ellos el congresista Muñante, han iniciado una campaña que levanta un lema: «a la mujer la define la biología, no la ideología» en clara oposición al derecho a decidir, que conmemorando el 28 de septiembre: Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro ha sido motivo de diversas manifestaciones de mujeres que reclaman por este derecho.

Cuando se habla sobre el derecho a decidir es fundamental tener en cuenta los datos de mortalidad materna, ya que es necesario que se diga de una manera mucho más clara que el embarazo siempre representa un riesgo de muerte para las mujeres, aún en las mejores condiciones. Y muchas de las muertes se presentan en los periodos más avanzados del embarazo, aunque durante los primeros meses no se hayan presentado ningún tipo de señales de peligro.

Por ello y por las razones de cuidado, en el contexto de esta sociedad en la cual el cuidado recae en su totalidad sobre las mujeres, la decisión de gestar y ser madre debe ser estrictamente de las mujeres en la plenitud de su libertad sin ningún tipo de coacción ni imposición social. Ya que, sin importar las condiciones, un embarazo impuesto es considerado violencia explícita contra la mujer.

Según el informe de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza del 2022, se reportó que para el 2020, 439 mujeres murieron durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto en el Perú; 137 muertes maternas más en relación al 2019. Lamentablemente para el 2021 la cifra fue en aumento y se presentaron 493 muertes. En una comparación de la misma semana epidemiológica entre el 2021 con la de este año se evidencia una disminución de 123 muertes, pero con incrementos importantes en Ucayali, La Libertad, Huancavelica y Moquegua. Junín ocupa el séptimo lugar en número de muertes maternas.

De todos estos datos es necesario tener en cuenta uno bastante peligroso y es que de acuerdo al reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Junín registra 85 casos de nacimientos de madres niñas menores de 15 años, siendo las provincias que encabezan la lista: Chanchamayo, Huancayo y Satipo, que además se encuentran entre las 20 con los más altos registros de partos en niñas de esa edad.

El reporte de la UNFPA para el 26 de setiembre de 2022 nos indica cifras alarmantes en relación a embarazos y partos de niñas, como es que, de cada 4 nacimientos en niñas, los de 10 a 14 años todos son producto de violación. Para el 2021 se registraron 7,738 casos de violación sexual contra niñas solo de los que fueron denunciados en el Centro de Emergencia Mujer (CEM). Pero a pesar de esta evidencia tan contundente, aún hay autoridades o aspirantes a cargos, que hablan de esto como si de niñas “agrandadas” e irresponsables se tratara. Y además se niegan a la implementación de la educación sexual integral y el enfoque de género en las escuelas.

Nuestro país es uno de los países con más atraso en materia del derecho a decidir, ya que solo contamos con una minúscula oportunidad de decidir en casos de enfermedad que comprometa gravemente la salud de la mujer o que el producto sea inviable y además este solo se puede aplicar antes de las 22 semanas de gestación; pero que en la práctica no se otorga, ya que existe una terrible resistencia en las y los profesionales de la salud llamados a ejecutarlo. Lo que pone en grave riesgo la vida de todas las mujeres con estas características.

Ya tenemos como país una vergonzosa sentencia internacional por haber negado este derecho y haber sometido a tortura a quien requería de este procedimiento, pero las cosas no han cambiado para mejor, y lejos de poner el debate en brindar el acceso al aborto en plenitud y con seguridad, el Congreso de la República pretende anular este vestigio de derecho sin que la sociedad se indigne por ello e inicia esta campaña que pone en peligro la vida de las mujeres.

El derecho a decidir va más allá por el solo acceso a abortar de manera legal, segura y gratuita en los establecimientos de salud, y en compañía de profesionales capacitados. El lema que se levanta desde el feminismo es bien claro al respecto y lo que se dice a gritos desgarradores es que debemos tener el derecho a educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar y si todo lo anterior no ha sido otorgado, pues el aborto seguro es el derecho que se reclama.

Sin embargo, voy a ir más allá de esto y es que se romantiza tanto la maternidad que se le impone a la mujer ser madre como una condición innata a su naturaleza, lo que genera una obligación a gestar con la consiguiente violencia pasiva de la que no se habla.

Como hemos podido ver en este breve análisis, gestar, parir y cuidar siempre representa un riesgo de morir para las mujeres. Por ello, obligar a una mujer a ser madre es tortura y resulta terrorífico cuando vemos que en este país se le obliga a ser madre a las niñas que además de ser violadas, deben morir por el delito de un ser nefasto, de la sociedad y de autoridades que no hacen nada más que contar nacimientos sin implementar ninguna medida que les salve la vida.

El derecho a decidir no solo es el poder abortar, es poder mirar a las mujeres que somos la mitad de la población como sujetas de derecho y que merecemos una vida plena. En el mismo sentido, si una mujer en la plena libertad de sus derechos decide ser madre, el Estado está obligado a acompañarla durante todo el proceso, con acceso a servicios de salud integral y un sistema de cuidados para criar, en donde ella no sea la única responsable de la carga, sino que se involucre a los hombres. Pero el sistema económico impuesto en este país también nos niega este derecho y sustentado por grupos de poder que toman decisiones sobre nuestras vidas, nos niegan todo.

Mantener las inequidades, elemento fundamental que sustenta el sistema corrupto del cual se alimentan los grupos de poder, es su objetivo primordial. Los grandes capitales hacen fortunas a costa de nuestras vidas y poco les interesa la vida del producto no nacido como nos hacen creer. La sociedad no puede seguir siendo pasiva ante este crimen que debería ser considerado de lesa humanidad. Y este congreso, con claros vínculos con la corrupción está en esa tarea.

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Es evidente el creciente debate sobre la solución a la crisis política que nos asola, la que pasaría por la “renuncia, vacancia, suspensión por infracción constitucional del presidente, disminución del periodo y adelanto de elecciones generales”, propuestas que se vienen manejando y están dentro del marco constitucional.

Esas, ante la ausencia de consensos –a hoy- parecen de difícil alcance. En el Ejecutivo y el Legislativo, así maquillen su real intención con llamados a la unidad de un lado y presentación de iniciativas legislativas sin un mínimo de consenso del otro, lo evidente es que apuestan, sin rubor democrático, por mantenerse todo el periodo.
Sin embargo, la situación de ambos poderes es insostenible ante su clamorosa pérdida de legitimidad, lo que demanda una pronta transición que nos aleje del caos (recesión-inflación), para lo cual se necesita respuestas concretas respecto a: ¿…y después que viene? De optarse por alguna de las mencionadas.

En este contexto, aparecen iniciativas de la sociedad civil como “Coalición Ciudadana” y “Propuesta Ciudadana” que, preocupadas –dicen- sobre el presente y futuro del país buscan la propuesta eficaz en el objetivo de salvarlo de la crisis. Pero, hasta el momento, también, solo exhiben ausencia de propuestas concretas, diferentes a las ya conocidas.

Al margen de sus buenas intenciones, es evidente que están distanciadas entre ellas; lucen un talante anti partidos característico de los extremos mercantilista y colectivista, ambos -como vemos- totalitarios y corruptos; no hacen diferencia entre políticos y politiqueros, entre partidos con ideología y colectividades pragmáticas; es decir, usan el populismo de nuestra cultura política, metiendo a todos en un saco, esperando sacarle réditos al descontento. Parecen una versión de la anti política que no contribuye a construir una democracia de calidad.

Es obvio que coinciden con lo que venimos manifestando en varios artículos. Para cambiar, al margen del adelanto o no de elecciones, urge la reforma integral del sistema político-electoral, buscando la ética pública, la idoneidad de los partidos en la formación ideológica y de gestión de sus militantes. Eso no se consigue con posiciones anti partidistas, ni y con las generalizaciones. Lo real es que no hay democracia sin partidos; por tanto, fortalezcamos los que tenemos y que vengan más a la competencia política.

En tal sentido, teniendo en consideración que la falta de ética y la mercantilización de la política son causas irrefutables que nos han llevado a la crisis, es necesario que los colectivos actúen dentro de la ética y la transparencia; que sus acciones no escondan intereses de grupo o partidos que no quieren aparecer, pero esperan la oportunidad de salir; que tengan en cuenta que, pese a sus evidentes deficiencias y necesidad de limpiarse por dentro, los partidos mantienen nuestra todavía incipiente democracia y han puesto los mártires en la contención del terrorismo, por citar uno de otros factores que se desconocen. Esperamos, todos, en consenso, encontrar la salida.

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A pesar de que aún nos encontramos en plena pandemia, estamos ante un breve momento de calma en relación a lo que significó la crisis sanitaria del 2020. Y en ese sentido es preciso que se planteen serias reflexiones. Aunque desde siempre se escuchan las voces de los analistas y expertos en el mismo sentido, sobre lo precario de nuestro sistema de salud, la fragmentación, y la falta de un sistema de aseguramiento universal fortalecido.

Es necesario hacerlas, pero también desde otra perspectiva, la de los cambios profundos, desde la ciudadanía y los pueblos en su plena diversidad.

Haciendo un análisis general y bastante objetivo, hablemos sobre el presupuesto en salud. Según informa la Guía de Orientación al Ciudadano del Presupuesto Público 2022 del Ministerio de Economía y Finanzas, de los casi 200 000 millones de soles de presupuesto destinado al sector público para este año 2022, se ha decidido que el sector salud sea prioritario, y para ello le otorgan casi 23 000 millones, lo que incrementa en 9.3% respecto al 2021. Sin embargo, esto ¿será suficiente? O mejor aún ¿será relevante para cubrir las necesidades de salud del país?

Se establece que el presupuesto será distribuido para la emergencia sanitaria, para cubrir las necesidades de personal de salud, para continuar con el proceso de descentralización, fortalecer el acceso al cuidado y atención integral, así como inversiones en estrategias de salud, infraestructura y equipamiento de establecimientos y otras prioritarias. Y así, más o menos en ese orden. Sin embargo, resulta un poco poético cuando está claro que no hay cambios de fondo importantes, sobre todo teniendo en cuenta las promesas que este gobierno hizo en relación de algunos derechos como es el de acceso a la salud.

De acuerdo con la OPS (Organización Panamericana de la Salud), el acceso a la salud es la “capacidad de utilizar servicios de salud integrales, adecuados, oportunos y de calidad, en el momento en que se necesiten”. ¿Será posible esto, planteando un presupuesto como el descrito? Y además, ¿será lo único necesario para poder cumplir con las necesidades básicas en salud de la población del territorio peruano?

Un presupuesto que está basado en objetivos que solo cubren situaciones circunstanciales, pero no de fondo, no podrá jamás cubrir ni el acceso a la salud, que es solo un pequeño aspecto de lo que significa atender la salud de la población de un país. No importa que tan bien pueda ejecutarse, e incluso en un supuesto bastante utópico, si no hubiera corrupción. Si la mirada que se tiene del derecho a la salud no está orientada desde la perspectiva de los derechos humanos, lo único que se podrá conseguir con algunas buenas voluntades es que solo algunos de los sectores más privilegiados tengan algún tipo de acceso, pero jamás será universal.

Las barreras de acceso a salud son dificultades a nivel de varios aspectos, geográficos, económicos, sociales, culturales, e incluso políticos; que generan que la mayoría de personas en nuestro país no puedan gozar de atención integral en salud y mucho menos acceso. Eso hablando solo de aspectos superficiales de lo que significa la salud, porque en realidad está se basa en lo que llamamos los determinantes sociales, y estos están relacionados con otros derechos, educación, trabajo y vivienda, solo por mencionar unos pocos, pero fundamentales para poder comprender lo que se pretende con este análisis.

No basta con el incremento de presupuesto, qué siendo sinceros, es insuficiente y no cubre con el estándar que se exige a nivel internacional. En realidad, lo que se requiere para iniciar un camino que respete como seres humanos a la población de este país, es replantear el sistema de salud desde sus propias leyes. Leyes que refuerzan el pensamiento instaurando que describe el derecho a la salud como un bien que debe ser entregado de manera segregada y no algo universal inherente a todo ser que habite este territorio.

Las responsabilidades que tiene este gobierno no son más que haber incumplido con la promesa de sostener una asamblea que consulte por cambios en nuestra constitución, pero este sistema nació desigual, nació para segregar y se instauró con mirada mercantilista y discriminadora, que le dice siempre a la población mayoritaria que no es un ser de iguales derechos, que solo es un objeto parte de la maquinaria de un sistema de producción y consumo, y nada más. Termino la reflexión con una interrogante más ¿cuál es el rol de la ciudadanía para la solución de este problema?

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El Congreso aprobó con 71 votos (más de la mayoría absoluta), las reformas constitucionales que contiene el dictamen (sustitutorio) elevado a su Pleno por la Comisión competente (Constitución); por tanto, al no llegar a los 87, debe ir a referéndum que debe ser convocado –ojalá- en el plazo más breve, poniendo a prueba la capacidad de los partidos para sustentar ante la ciudadanía, sus posiciones sobre las bondades y desventajas de la ley que tiene como punto central el retorno a la bicameralidad, que ya está en proceso de ponerse en vigencia o de ser rechazada, en la etapa de la voluntad popular expresada en las ánforas (Referéndum).

Una de las propuestas del dictamen aprobado, que generó fundadas suspicacias, es la reelección inmediata e indefinida de parlamentarios que incluye a los del actual Congreso que ha roto records de desprestigio, deslegitimando su competencia para hacer las reformas constitucionales que plantea; situación que además, se agravó con la reciente reedición de las Comisiones de Ética y Fiscalización de utilizar un instrumento para la impunidad conocido como “otorongo no come otorongo”, blindando –entre otros casos- al congresista “playero” (Guerra García) y a los llamados “niños”, respectivamente. Estos últimos amadrinados por la congresista “niñera” Chavelita. Se vuelve a desnudar el “compromiso” de los “niños” con las huestes de PL.

Es curioso que, la Comisión de Constitución, no haya considerado la oportunidad ni la influencia de la falta de legitimidad del Congreso para conseguir los votos que necesita una reforma sin referéndum, que era su propósito. Tal vez, la premura del tiempo segó la capacidad de análisis de su presidenta, al extremo de no darse cuenta que la población rechaza a los miembros del actual congreso con casi 90% de desaprobación; por lo que, la ventana a una posible reelección es desafiar ese sentimiento. Nada costó, si ese no era el interés, precisar que la reelección entraría en vigencia para los parlamentarios del siguiente periodo, es decir para los de integrantes de un nuevo Congreso.

Bueno, esperemos la convocatoria a referéndum; mientras tanto, la crisis sigue galopando y necesitamos definiciones urgentes para no llegar a la anarquía, considerando que el adelanto de elecciones sin reformas no garantiza que nos ira mejor, todavía es oportuno volver los ojos al Acuerdo Nacional buscando consensos para afrontar los escenarios que nos plantearía un adelanto de elecciones que genere mínimas consecuencias negativas y que no sirva para que el presidente de la última transición presidida por el Congreso, nos embauque con la iniciativa del “Consenso Ciudadano”. Nos toca “abrir los ojos”.

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Impunidad, es la consecuencia de la falta de investigación y castigo de quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos y, en estos días, también factor que acicatea la participación de politiqueros en las ERM-2022 ante las evidencias que, los controles, persecución y las sanciones, para los que “la hicieron linda” en su ejercicio de titulares de pliegos presupuestales, no funcionan, permitiendo que salgan “asegurando su futuro” y hasta con dineros para seguir tentando cuotas de poder de representación política. Las millonarias “inversiones” en las campañas electorales, serían consecuencia de esta conjetura.

La semana pasada el Contralor de la República reveló que el Perú perdió más de S/ 24 mil millones en el año 2021 (13.6% del PGR) como resultado de actos de corrupción e inconducta funcional en el manejo de sus recursos económicos. Además, que la corrupción en los GORES ascendió a S/ 8,842’666,434 y en las municipalidades a S/ 4,362’ 827,589 de cuyos montos S/. 696 millones se causaron en el departamento Junín, donde hay innumerables y patéticos casos de corrupción (Construcción de hospitales abandonados por años, duplicidad de expedientes técnicos para una misma obra, obras de saneamiento básico a medio construir o culminadas que no funcionan, nuevos colegios en uso sin liquidación de obras, etc., etc.,) en el GORE, así como en las municipalidades, desde el año 2,011 al 2,022. Periodo de tiempo de las “gestiones” de Perú Libre y Junín Sostenible, que, están quedando sospechosamente impunes.

Todo ello, considero, es consecuencia de la deliberada ausencia de meritocracia, de ineficiencia en la fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales y de la Contraloría Regional, incapacidad o compromisos subalternos (con constructoras chinas?) de los Congresistas por Junín, así como por la pasividad de algunas fiscalías y juzgados por el COVID, según se dice; pero, sobre todo –insistimos en reiterar- es consecuencia de la facilidad con que el oportunismo, improvisación y mercantilismo, acceden a los cargos políticos a falta de una reforma político-electoral que se base en establecer la ética pública como prioridad y de la falta de cultura política y responsabilidad de ciudadanía de nosotros los electores, para elegir.

En tal sentido, harían bien las instancias competentes de la CGR, MP y PJ, en revisar, por lo menos aleatoriamente los exámenes especiales que no encontraron “nada”, las denuncias archivadas y las absoluciones, respectivamente, para identificar y sancionar a los padrinos de la impunidad, toda vez que, si el 20021 en Junín se llevaron al bolsillo casi 700 millones de soles, cuánto podría ser en los últimos 12 años, dentro de los cuales hubieron varios que coincidieron con la bonaza económica que se inició en el año 2004 y tuvo sus efectos de abundancia de transferencias hasta fines del 2016 por lo menos.

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El cantante John Kelvin ha sido condenado a 21 años de prisión por los delitos de agresión física y violencia sexual en contra de su esposa y madre de sus hijos. A raíz de este caso y las reacciones de la población por tratarse de un personaje público del mundo del espectáculo, es preciso hacer una reflexión un poco más profunda.

Los machistas son hombres sanos, sin alteraciones mentales ni trastornos. Son hombres «normales», son esos «buenos» hombres muchas veces admirados, criados en esta estructura patriarcal que les enseña a violentar a las mujeres y actúan en concordancia con lo que está normalizado en nuestra sociedad.

Los machos son hombres que ejercen todos los tipos de violencia hasta concluir con el feminicidio. No existe una pequeña violencia, porque aquel que ejerce violencia es un feminicida potencial, y no podemos esperar a que asesinen para sancionar el delito de manera ejemplar.

Sin embargo, esto no soluciona nada, es la educación con perspectiva de equidad de género, lo que irá trasformando y deconstruyendo las conductas que han hecho que este delito sea un elemento cultural instaurando en los «buenos» hombres de nuestra sociedad.

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No exageramos afirmando que la mayoría de peruanos –a excepción de la representación política en el ejecutivo y legislativo- somos conscientes de la gravedad de la crisis política y de gobernabilidad que estamos viviendo y padeciendo de sus consecuencias; por tanto, dentro de la incertidumbre que agobia, la pregunta recurrente es: ¿y cómo salimos de ésta?

La situación continuará motivando la utilización de impresionantes espacios radiales, televisivos, escritos, digitales etc., tratando el asunto y proponiendo fórmulas de solución que de nada sirven, porque no hay la mínima voluntad política de los actores llamados a buscar una solución de visión compartida e inmediata. Esto tiene una explicación, no está en su agenda desprenderse del poder y sus sinecuras. Les aterra “recortarse el periodo”, no tienen lealtad con el país.

Poco o nada parece interesarles los análisis de expertos en el sentido que la profundidad y duración de la crisis alimentaria global será aún mayor para el Perú, además del incremento de precios de los combustibles y alimentos que importamos, habrá escasez y aumento de precio de los alimentos que producimos; por lo que, si no funciona la gobernabilidad, seremos víctimas de estragos que se pueden, cuando menos, aliviar.

En este contexto, la censura al PCM sería una oportunidad de enmienda para el presidente Castillo de su errada decisión de someterse ante el lado estalinista de PL, nombrando ministros y funcionarios “clave” -como en los ministerios de Energía y Minas, Agricultura, Transportes y Salud, por ejemplo- sin los requisitos mínimos de idoneidad profesional y ética pública.

Insistimos en la necesidad de un Acuerdo Nacional por la disminución del período legislativo y ejecutivo, con la renuncia del presidente, la sucesión de la vice presidenta con un gabinete de independientes para la etapa de transición, dentro de la cual; el Congreso se debe abocar a las reformas necesarias e indispensables, empezando por las que disminuyan el período, reformen la política en función a la ética pública. Una propuesta para “salir de ésta”.

No esperar que las calles se pronuncien directamente forzando soluciones dentro de un ambiente de violencia (demandas y represiones) Estamos a tiempo de salvarnos de la anarquía, que repetimos, otra vez; es el objetivo subalterno para apurar una asamblea constituyente, cuyo tiempo es el que se genera por consensos y no por los disensos en un país polarizado, como el que estamos viviendo.

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Mientras Ejecutivo presenta iniciativa distractora pro referéndum para ocultar su calamidad de gobierno, el Congreso muestra su mediocridad para asumir con decoro las competencias que le corresponden, como un efectivo control político; asegurándose ambos, su permanencia en el periodo completo. No les interesa hacernos transitar por el por el camino a la anarquía, cuyas consecuencias, sin duda, serán, como siempre, dramáticas para los más humildes.
En ese contexto de incertidumbre las vías, terrestres y área entre Huancayo y Lima, siguen siendo problema de años que cada día es más insoportable por las condiciones materiales y económicas para el acceso al servicio del transporte. Situación patética en el último feriado largo por “Semana Santa”.

La Carretera Central (CC) más de 3 lustros que colapsó. Hace un cuarto de siglo se nos privó del servicio de pasajeros por el Ferrocarril Central. Hay demora en culminar la ampliación y modernización del aeropuerto de Jauja e incertidumbre sobre el inicio de la construcción de la vía alterna a la CC que se dice será de cuatro carriles. El ingreso a Huancayo por la Margen derecha del Río Mantaro, cuyo mantenimiento correspondería a la Municipalidad y al GORE manejados por PL es calamitoso.

A esto, se suman el incremento de precios de combustibles (eliminación del ISC no se traslada al consumidor en el monto esperado); las maniobras temerarias de autos colectivos y el tránsito de camiones hasta con siete ejes, a pesar que la CC no tiene diseño ni se ha adecuado para vehículos de esas dimensiones, pues para dar las curvas entorpecen el desarrollo de otros, generando congestión y pérdida de tiempo.

A 10 meses de asumidas las funciones congresales y de gobierno, ni los cinco inútiles representantes por Junín ni el MTC cerronista, han dado paso alguno para renegociar las concesiones de las vías férrea y carretera central. Esta segunda, otorgada a DEVIANDES tiene tres peajes: Corcona, Ticlio (vía cámara fotográfica) y Quiulla. Tampoco para la de Lima Expresa (evitamiento) que la congestión vehicular, nos obliga a utilizarla.

El costo del viaje en peajes, es en total S/.58.20 (Ida y vuelta) para vehículos “ligeros” generalmente utilizados para turismo familiar. Ni qué decir del cobro de entre 52 y 45 soles en vehículos de 7 y 6 ejes en cada garita.
Es tiempo que los inútiles se interesen por solucionar la crisis en las vías y el MTC plantee la renegociación de la concesión de la CC. No tiene vía alterna por la captación de ingresos, por el número de vehículos que transitan, supera abusivamente las “inversiones y servicios” de la sospechosa concesión.

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Terremoto político que desplaza de las primeras páginas y de la atención ciudadana, la abusiva invasión de Rusia a Ucrania y hasta la epidemia y el omicrón, ha causado la noticia de las declaraciones de Karelim López que, como aspirante a colaboradora eficaz, señala al presidente Castillo, ministros y 5 congresistas de AP, metidos en actos corruptos.

Esto, desgraciadamente, abona a la crisis de gobernabilidad y valores que continúa en el sendero de su agudización en los últimos 7 meses del autollamado “Gobierno del pueblo” que, en la práctica, vendría a ser el “gobierno del chantajeo” por la angurria de la clientela presupuestìvora del dueño de PL.

La coyuntura nos recuerda. El 2000 se difundió el video Kouri –Montesinos, ante su mensaje, Gobierno y Congreso nos fuimos (unos lo solicitamos por ética y otros aceptaron su marcha por corruptos) Ese Congreso, aprobó reformas constitucionales para el adelanto de elecciones, a fin que la reinstalación democrática tenga legitimidad, sobre todo ante la ineludible lucha contra la cleptocracia instalada en los 90’, por lo que de inmediato el gobierno de Transición de Paniagua desarrolló la Iniciativa Anticorrupción.

Hoy en circunstancias similares, veremos cómo actúan los congresistas. El reto es anteponer los intereses del país: reinstitucionalización y práctica de valores para superar la crisis.

Como militante acciopopulista, considero que los 5 congresistas involucrados no deben esperar –todavía- una acción de deslinde de la institucionalidad partidaria. Si son practicantes del principio de honestidad del partido, deben haber ya pedido la suspensión de su militancia y someterse a las investigaciones; pues el solo hecho de haber sido señalados, ya motiva sospechas que comprometen la integridad de la honestidad de AP, más por su posición de abstenerse ante la moción de censura al impresentable, ahora ex ministro, de Transportes y comunicaciones.

El Congreso y MP deben actuar en torno a ellos. La institución AP está al margen de ese grupo en sospecha, que tiene la obligación de demostrar su inocencia sometiéndose a las investigaciones del caso, lo que importa al país, es llegar a la verdad.

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Vivimos horas cruciales para la continuidad del periodo constitucional iniciado el 28/07/2021, que demandan sensatez y rectificaciones urgentísimas para superar la inestabilidad política, crisis de institucionalidad y caos de gobernabilidad que se agudizan por la mediocridad y falta de rumbo en el Ejecutivo, el lobbismo y legislación contra reformas en el Congreso, que se adicionan a su enfrentamiento y empoderan las voces que ya demandan, se vayan todos y se empiece de nuevo.
En este contexto se produce disque la voluntad de una tregua y hasta un inusitado abrazo que desconcierta. Simultáneamente se desarrolla la conocida ronda de diálogos, especie de rito de negociaciones políticas practicada cada vez que un nuevo gabinete busca el voto de confianza y que, cada vez se devalúa más, por buscar el arreglo vía el “toma y daca”.
Es difícil que esas actitudes forzadas por intereses de poder generen confianza, partiendo porque el “Gabinete Torres” tiene una estructura de innegable cálculo para cubrirse de la vacancia y el congreso una posición por temor a la disolución. Es decir, son motivadas por su anhelo de supervivencia con el poder político.
Es evidente la falta de sinceridad para con la ciudadanía y, desde luego, para honrar la “tregua” y el “abrazo”; pues continúa el trámite de denuncias y, sin esperar la “confianza”, el gabinete cumple con lo que ya es inocultable en esta etapa, su angurria de copamiento de los puestos más importantes y mejor remunerados del Estado con gente activista de PL, mostrando la fuerza de su dueño en el gobierno. Así mismo, por el temor a perder su “estabilidad laboral”, que se desprende de las declaraciones de los congresistas “becarios”.
Y como quien está seguro del temor congresal a que se “dispare la bala de plata”; sobre Hernán Condori, Carlos Palacios, José Gavidia, Juan Silva y Ángel Yldefonso, ministros cuestionados por razones atendibles, el PCM sr. Torres, permanece en silencio que nos avisa, que la tercera confianza vendrá en nombre de la “gobernabilidad”.
La dirección de la votación descubrirá los reales intereses que priorizan los congresistas.

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