Impunidad, es la consecuencia de la falta de investigación y castigo de quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos y, en estos días, también factor que acicatea la participación de politiqueros en las ERM-2022 ante las evidencias que, los controles, persecución y las sanciones, para los que “la hicieron linda” en su ejercicio de titulares de pliegos presupuestales, no funcionan, permitiendo que salgan “asegurando su futuro” y hasta con dineros para seguir tentando cuotas de poder de representación política. Las millonarias “inversiones” en las campañas electorales, serían consecuencia de esta conjetura.
La semana pasada el Contralor de la República reveló que el Perú perdió más de S/ 24 mil millones en el año 2021 (13.6% del PGR) como resultado de actos de corrupción e inconducta funcional en el manejo de sus recursos económicos. Además, que la corrupción en los GORES ascendió a S/ 8,842’666,434 y en las municipalidades a S/ 4,362’ 827,589 de cuyos montos S/. 696 millones se causaron en el departamento Junín, donde hay innumerables y patéticos casos de corrupción (Construcción de hospitales abandonados por años, duplicidad de expedientes técnicos para una misma obra, obras de saneamiento básico a medio construir o culminadas que no funcionan, nuevos colegios en uso sin liquidación de obras, etc., etc.,) en el GORE, así como en las municipalidades, desde el año 2,011 al 2,022. Periodo de tiempo de las “gestiones” de Perú Libre y Junín Sostenible, que, están quedando sospechosamente impunes.
Todo ello, considero, es consecuencia de la deliberada ausencia de meritocracia, de ineficiencia en la fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales y de la Contraloría Regional, incapacidad o compromisos subalternos (con constructoras chinas?) de los Congresistas por Junín, así como por la pasividad de algunas fiscalías y juzgados por el COVID, según se dice; pero, sobre todo –insistimos en reiterar- es consecuencia de la facilidad con que el oportunismo, improvisación y mercantilismo, acceden a los cargos políticos a falta de una reforma político-electoral que se base en establecer la ética pública como prioridad y de la falta de cultura política y responsabilidad de ciudadanía de nosotros los electores, para elegir.
En tal sentido, harían bien las instancias competentes de la CGR, MP y PJ, en revisar, por lo menos aleatoriamente los exámenes especiales que no encontraron “nada”, las denuncias archivadas y las absoluciones, respectivamente, para identificar y sancionar a los padrinos de la impunidad, toda vez que, si el 20021 en Junín se llevaron al bolsillo casi 700 millones de soles, cuánto podría ser en los últimos 12 años, dentro de los cuales hubieron varios que coincidieron con la bonaza económica que se inició en el año 2004 y tuvo sus efectos de abundancia de transferencias hasta fines del 2016 por lo menos.
