Lo real es que, las controversias generadas por el todavía no oficializado trazo final, respecto a su costo beneficio (se dice que el presupuesto inicial se duplicará) y otros detalles técnicos subsistirán, mientras no se resuelvan y aclaren las dudas sobre sus bondades, extensión, costos, cronograma de ejecución y puesta en servicio. Lo que ante su “secretismo”, no solo genera válidas sospechas, sino que, podría causar dificultades en el desarrollo normal del proceso constructivo.

Se sabe que el MTC ya tiene el avance del expediente técnico elaborado por el PMO de Francia desde el 5 de mayo; sin embargo, a la fecha (dos meses) sin fundamento valedero, no lo hacen oficialmente público. Surge la pregunta: ¿por qué?

Es, en este contexto que consideramos la necesidad de que se realice un urgente DEBATE TECNICO PUBLICO EN TIEMPO REAL, a fin de que los profesionales que defienden lo que llaman “corredor Verde”, trazo modificado respecto al inicial del Gore Junín por el PMO del gobierno francés; así como los que difieren y prefieren la idea del Gore Lima y el CIP, confronten y sustenten sus posiciones, de tal manera que cada ciudadano saque sus propias conclusiones y las instituciones competentes, tomen las decisiones finales que correspondan. Cabe hacer notar que la información oficial oportuna, en cualquier estado y cuando se la requiera, es un derecho ciudadano.
Ante ese derecho no cabe reservas ni silencios por estrategias ni otras razones que no tienen protección de las normas; más si la necesidad, la urgencia y el beneficio no están en tela de juicio.
Por tanto, cualquier debate sobre el tema no debe considerarse como poco útil, ni que el sustento legal, otorgamiento de presupuestos, incluido contrato gobierno a gobierno, lo exime de cualquier sospecha y garantiza transparencia e idoneidad.

En consecuencia, cualquier ciudadano puede opinar y demandar sobre el asunto, porque es público; en tal sentido cuando se objeta, sobre todo a un gremio profesional, al decir que hay intromisión cuando la ley no lo determina y se le atribuye sin pruebas, interés económico y personal, no es serio.
Sería injusto no reconocer el entusiasmo y el trabajo de la Comisión Técnica Multisectorial, para sacar adelante el proyecto; aunque llama la atención que se pase por alto la mala inversión que hizo el Gore Junín unchupaiquista de los 10 millones de soles que le transfirieron para la elaboración del perfil del proyecto, que ha sido desechado, así traten de lavar la sospechosa acción, no solo de incompetencia, obviamente.
Esperamos y hacemos votos porque se superen las controversias, se actúe con la máxima transparencia pues no se trata de un “secreto de estado”, precisamente por la condición de mega obra que le dan al proyecto, pues al final son los recursos de la población y la que va a recibir las consecuencias positivas o negativas de la inversión.

Atentamente, Pedro Morales Mansilla.

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La última elección del Defensor se ha dado en medio de diversas situaciones que no precisamente garantizan la verdadera defensa a los derechos de todos los peruanos. La elección del abogado Josué Manuel Gutiérrez Cóndor que viene con pasado y tinte político no precisamente lo reconocía como el candidato más idóneo para ocupar dicho cargo por su falta de experiencia y escaso perfil profesional no se encontraba dentro de los favoritos. Sin embargo gracias al voto en mayoría y de bancada del Fujimorismo y Perú Libre, se hizo del cargo.

Recordemos que el abogado Gutiérrez Cóndor ha ejercido la defensa legal del ex sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón Rojas en el caso de Los Dinámicos del Centro y por la asesoría de la Bancada de Perú Libre y, por la cercanía y clara amistad con la ex pareja presidencial Ollanta Humala – Nadine Heredia. Lo que más llama la atención es la nula formación profesional en temas de Derechos Humanos, hecho que sin duda es vital para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo considerando que el papel fundamental que desempeña la Defensoría del Pueblo es justamente la firme defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de toda persona y la comunidad, así como el de supervisar el real cumplimiento de los deberes de la administración pública y de la prestación de sus servicios.

Sumado a ello, se ha dado a conocer la remuneración mensual que percibirá el Defensor Gutiérrez Cóndor por el “ejercicio de sus funciones” llegando a alcanzar más de 20 mil soles al mes. Y es que en la actualidad nuestro flamante Defensor del Pueblo percibirá dos remuneraciones al mes siendo estas de S/ 15 600 soles más el pago por concepto de Función Defensorial de S/ 7 617 soles, dejando de lado la ostentosa remuneración y si por su falta de experiencia y estudios en DD.HH. es que hoy se ha cuestionado dicha elección.

A su asunción al cargo de Defensor del Pueblo el abogado Josué Manuel “ha pedido al país el beneficio de la duda”, situación que amerita aceptar. Sin embargo, en el proceso de elección en el cual se desarrollan varias etapas incluidas la entrevista personal, este dio a conocer su punto de vista referente a la población LGTB del país, citando a la misma como “deformidades que hay que corregir”. Tendremos ante ello a un Defensor que en verdad va a garantice la defensa de los Derechos Humanos de todos los peruanos y peruanas?. Nos quedaremos con la incógnita hasta nuevo aviso.

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Lo vi dos veces, la primera de lejos, durante la campaña electoral del 2000 en el campus universitario de la UNCP. Yo era un estudiante de Ciencias Sociales. La segunda, en octubre del 2010, en la UPLA, yo era docente universitario. En esta universidad lo nombraron doctor honoris causa. Estaba con su esposa, la doctora Karp. Era muy encorvado, era un nomo. En medio de la multitud que pugnaba por saludarlo en el campus, me dio la mano, o creo que yo se la di a él, logró mirarme a los ojos irguiéndose un poco. Su visita anunciaba una disertación sobre la problemática universitaria, sin embargo, habló durante casi una hora de la dictadura que derrocó en la famosa marcha de los 4 suyos en la que yo fui un extra anónimo. Me pudrió escucharlo hablar por enésima vez del mismo tema, era lo único que repetía, era un viejo caset que se rebobinaba, me aburrió y salí de la biblioteca en la que dio su disertación. ¿Cómo un tipo que había estudiado en la Universidad de San Francisco y que se había graduado hacía 30 años en una ciudad donde estaban Apple, Facebook o IBM podía ser tan chato con su discurso?

Toledo llegó a San Francisco cuando se manhattanizaba, cuando Harvey Milk, poco después, llegó a ser concejal del ayuntamiento de San Francisco.

La Universidad de San Francisco es una universidad privada y jesuita con un distinguido prestigió en ciencias y artes. Toledo estudió una maestría en educación (en 1972) y otra en recursos humanos (en 1974), en Stanford, sin embargo, su discurso me parecía simplón, demasiado sencillo y perfecto en mediocridad. Quizá fue mi complejo de esperar demasiado de lo lejano lo que había hecho que lo viera demasiado grande a él y también al contexto en el que se formó o quizá él nos subestimó demasiado, quizá pensaba que nuestra masa gris era incapaz de analizar un discurso racional por lo que acudió a la descripción de lo trillado, de su apogeo de político. Fue una decepción para mí, a pesar que 53% del Perú lo hizo Presidente, incluidos algunos ladinos que me está leyendo y yo.

En 1974, Toledo se desempeñó como consultor en el Stanford Research Institute (SRI), una empresa que hace investigaciones para los Estados Unidos, misma en la que la CIA patrocinaba investigaciones psíquicas. Al año siguiente, 1975, se mudó a París, donde fue investigador principal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo internacional donde le enseñaron que el crecimiento económico y la macroeconomía, bien cuidadita, generan desarrollo. Preparadito, el economista volvió al Perú a servir a Morales Bermúdez, el golpista traidor de Velasco Alvarado, en instituciones como como el BCR o el Ministerio de Trabajo. El sucesor de Velasco promulgó paquetes económicos que implicaban medidas de austeridad y reducción de consumo para afrontar las obligaciones fiscales y cerrar brechas financieras como dice Parodi, citado por Antonio Zapata en Lucha Política y Crisis Social. Toledo seguía aprendiendo a cuidar la macroeconomía, la parte de la economía que pulidita le da paz a quienes más tienen.

En 1978 fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D. C. y profesor asociado de Economía en la American University. Al siguiente año, trabajó como economista principal de Recursos Humanos en el Banco Mundial, uno de los entes financieros que respaldan políticas y normativas que protegen el flujo libre del capital y el cobro de deudas en el mundo (Peter Philips, Mega Capitalistas, 2018). A sus casi 35 años había llegado a la cima de la burocracia internacional. Volvió nuevamente al Perú y fue profesor en la Universidad de Ingeniería entre 1979-1981 en la facultad de Ingeniería Industrial. Académicamente pertenecía a lo sumo en el Perú. De 1983 a 1985 brindó asesoría técnica al Poder Ejecutivo y desde 1986 enseñó en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN), siendo Director de la misma. En 1989 viajó a Nueva York y fue líder de la misión del PNUD y de la OIT para la evaluación del «Impacto de las Políticas Macroeconómicas sobre el Crecimiento, Empleo y Salarios» en seis países de América Central.  A sus casí 43 años, su cerebro empezaba a cristalizarse con tinte macroeconómico.

Desde 1991 hasta 1994 fue miembro del Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard (una de las universidades en la que estudia la élite de Estados Unidos). En 1997 aportó en la creación del Informe de Competitividad Global de 1997 (un referente de los gobiernos del mundo para crear políticas públicas). Fue parte de grupos académicos que en 1998 estudió la crisis financiera asiática. Aprendió de Arnold Carl Harberger, asesor de Pinochet, e integrante de la famosa Escuela de Chicago que en Chile mató a Salvador Allende. Se desempeñó como profesor visitante en la Universidad de Waseda en Tokio, una de las más importantes formadoras de oficinistas en Japón. En 1993 regresó a la Universidad de Stanford (proveedora de científicos a Silicon Valley, alma mater de 30 milmillonarios como Carlos Slim y Warren Buffett y cientos de congresistas de USA, es el vivero político de Estados Unidos) para culminar un doctorado en Economía de los Recursos Humanos.

No podía creer que alguien que había enseñado en la Universidad de Waseda, una de las más importantes de Japón, tuviera un discurso tan chato, mezquino y desubicado. Toledo fue Presidente del Perú.

SU GOBIERNO

Alberto Fujimori ejerció una dictadura de casi una década que excluyó tanto a la derecha con poses de decente como a la izquierda intransigente con el libre mercado. La derecha peruana con poses de decente se hastió de la omnipotencia del peruano – japonés, mientras que la izquierda peruana añoraba a alguien que defenestrara al dictador. Ambos requerimientos las cumplía Toledo. “El cholo sagrado” se convirtió en el continuador de las reformas neoliberales necesarias de segunda generación de la derecha y en la esperanza de los pobres de tez como la de él, pero también en el reivindicador de la siempre ilusa clase media.   El Perú lo hizo presidente el año 2001 después de la épica marcha de los 4 suyos en la que fui un actor de reparto.

Fujimori le había dejado a Toledo un país con desigualdad social (54% de pobreza y 24% de extrema pobreza). Eliminar la pobreza y las desigualdades para evitar peligrar el sistema capitalista, en consecuencia, era el reto de Toledo y la pauta se la dieron los organismos internacionales en las que pululó y los enfoques de moda (las reformas neoliberales de segunda generación y la corriente neoinstitucional que le decían que la solución estaba en las reformas supraestructurales). Así su fórmula fue el chorreo, una emulación de lo que había hecho en Argentina Domingo Felipe Cavallo aplicando la teoría del derrame de John Williamson y que consistía en proteger en primera instancia la macroeconomía de los pocos (el crecimiento económico) y, ya después, como consecuencia de ello, la microeconomía de los muchos (de este modo, sus políticas fueron aplaudidas en los foros internacionales, pero sufridas hasta en los poros de los nacionales).

Para proteger la macroeconomía, sus políticas públicas procuraron reformas en los sectores tributario, financiero y comercial (tratados de libre comercio con Estados Unidos, China y Tailandia, exportando páprica, uvas y paltas), reformas en el Estado (para hacerlo eficiente) de la que fue parte la descentralización (propulsó la regionalización política dizque para fomentar la participación ciudadana, aunque, más honestamente, para evitar la agudización de las contradicciones sociales. A las regiones, sin embargo, no las dotó de recursos económicos suficientes), reformas en el Poder Judicial (aumentando remuneraciones a los jueces supremos) y lucha contra la corrupción (para tener estabilidad jurídica). Por otro lado, la microeconomía, trató de absorber el chorreo a través de la adopción de medidas de cuidado del medio ambiente, de lucha contra la minería ilegal, del acceso a servicios públicos e implementación de programas sociales (Techo Propio, Mi Vivienda, el Plan Huascarán o A Trabajar). El chorreo, no obstante, nunca llegó a todos, pese a que desde la última década del siglo pasado el boom de los comodities mantuvo estable la macroeconomía del país. Así, estallaron el “arequipazo”, el “andahuaylazo” y el “juliacazo”.

SU CAÍDA

Luego de ser Presidente, Toledo alternó su vida entre la conducción de la ONG que fundó, la Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (creada el 2006), y su vida de docente (profesor visitante en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en Política Exterior y Economía Global y Desarrollo de la Universidad Jonhs Hopkins, la institución que más invertía en investigación en el orbe en las últimas décadas; docente de Política Exterior en la Brookings Institution, cantera del Partido Demócrata; miembro distinguido, residente, del Centro de Estudios Avanzados y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford; entre otros). Escribió un libro titulado La Sociedad Compartida. Una Visión para el Futuro Global de América Latina. Su vida fue probablemente más confortable que antes, y, acaso, también, apetecible para cualquier político o académico: compartía experiencias con ex presidentes del planeta, daba conferencias de inclusión y democracia en diversos países del mundo, en la India fue premiado por el implemento de sus políticas sociales. Aun así, ninguno de estos laureles le sirvió para ser gargajeado por la nación del norte que lo formó, Estados Unidos, y por el modelo que defendió, el neoliberalismo.

Y es que ocurre que uno de los pilares que genera desarrollo en el pensamiento liberal y neoliberal, en la economía social de mercado, es la libre competencia. La libre competencia entre capitales es sacra en este régimen, no se acepta ni el más mínimo rasguño de este principio, si alguien lo vulnera, es expectorado del sistema, así hayas estudiado en Stanford o hayas sido conferencista en el orbe. Toledo no entendió esto y creyó que su “pecadillo” con Odebrecht sería anodino para sus formadores.

Cuenta la historia real, no la que nos enseñan en secundaria, que Brasil con sus estrategas militares ya desde la década siete del siglo pasado avizoraba su expansión geopolítica en Sudamérica y la construcción de carreteras que lo llevaran al Pacífico para salir al Asia atravesando la Amazonía y el ande peruanos eran vitales, sin embargo, su iniciativa no encontraba consortes en el Perú, pues los gobernantes peruanos andaban alineados con los Estados Unidos y con la vieja idea que la integración debería hacerse de norte a sur, a través de la carretera panamericana que atravesaba toda América desde antaño y no de oeste a este como eran los ideales de Cardoso o Lula. Sin embargo, un “pecadillo” de Toledo cambiaría esta situación, un “pecadillo” que lo pondría al nivel de sus amigos mil millonarios de California. Un “pecadillo” llamado Odebrecht.

En el Perú, los procesos electorales son un negocio, se rigen también por “las leyes del mercado”. Normalmente ganan las elecciones los grupos políticos que más invierten monetariamente, sea su candidato un bruto o un prontuariado. El académico Toledo lo sabía y quizá por eso su campaña electoral fue financiada por Odebrecht. En el 2005 su gobierno ya casi fenecía, había que recuperar lo invertido.

La política expansionista de Brasil tenía como aliada a empresas constructoras, entre ellas Odebrecht, un conglomerado ingenieril que no dudaba en coimear a funcionarios públicos para ganar licitaciones, vulnerando “la libre competencia”, el sacro principio económico, que la economía social de mercado considera genera desarrollo. Así, según Francisco Durand, Odebrecht, a través de su representante Jorge Barata, y Alejandro Toledo, a través de su testaferro Joseph Maiman, concertaron una coima por más de 20 millones de dólares para que Odebrecht ganara la licitación de IIRSA SUR. Así, a pesar de que la Contraloría General de la República le había advertido al Presidente de que Odebrecht no podía contratar con el Estado, Toledo hizo que su bancada impulsara una lobista ley, la Ley N° 28670, una ridícula norma que empezaba con la frase “declarar de interés nacional…” (como hoy también han aprendido a hacerlo alcaldes y gobernadores regionales para lornear la planificación estratégica y el presupuesto para favorecer a sus financistas de campaña) la cual hacía estéril las observaciones de la Contraloría. Con ello Toledo les dio la buena pro de la licitación de los tramos 2 y 3 de IIRSA SUR a Odebrecht. La IIRSA SUR fue diseñada sin estudios técnicos de geología e ingeniería y ejecutada sin supervisión y sin tener en cuenta su impacto ambiental y social.

Con esto Toledo vulneró la canonizada libre competencia y se hizo un hereje, un satán, un lucifer de la ética neoliberal. La derecha peruana lo fagocitó y el sistema neoliberal lo extirpó. Las cámaras de la prensa de los grupos de poder y sus cajas de resonancia en provincias han lapidado al judas de la ética del libre mercado, aunque no a los empresarios. Éstos no ha sido villanos, Odebrecht fue un lunar en el epitelio blanco del mercado, nada más. Y los que le dieron crédito a Toledo para comprar sus casas sabiendo que no tenía el financiamiento simplemente no existen en el radar de la lucha anticorrupción.

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La relación Perú Chile se ha visto nuevamente tensa por cuanto en la Frontera más de doscientos inmigrantes, en su mayoría venezolanos, han pretendido cruzar y llegar a Tacna sin ningún control documentario, está claro que lo hecho por el Presidente Boric ha sido más que irresponsable, ha pretendido cargar al Perú con una nueva ola de inmigrantes que ingresaron a Chile por la frontera con Bolivia sin control alguno (muchos de ellos, ciudadanos venezolanos con antecedentes negativos delictivos).

La respuesta del Gobierno Peruano encabezado por Dina Boluarte ha sido rápida, se decretó Estado de Emergencia en las principales fronteras del país, y esto frenó el camino de inmigrantes en la línea de la Concordia y llamó a que los países lleven a cabo mesas de diálogo y se plantee un problema humanitario de gran importancia. Sin embargo, decenas de inmigrantes, venezolanos, colombianos y haitianos, que lograron burlarse de la seguridad de la frontera se han volcado e instalado en carpas en las principales plazas y parques de la ciudad tacneña, situación que ha generado alarma en los vecinos de la región del sur del Perú.

La preocupación del país NO es el ingreso de extranjeros, es lo que significa la llegara e ingreso al territorio de venezolanos con antecedentes delincuenciales, pues el 4% de ciudadanos que se encuentran actualmente recluidos en los distintos penales del país son extranjeros y un 3.7% de los ismos son venezolanos (en cifras reales 2,464). Aquí debemos recordar las últimas declaraciones del Presidente del Parlamento peruano: El problema es latinoamericano y esto se debe tratar en conjunto a nivel de ministerios de relaciones exteriores, de los países implicados (No solo es Perú y Chile, el tender la ayuda humanitaria involucra también a los países de Ecuador y Colombia).

Cabe la posibilidad que el Perú flexibilice su política migratoria y permita el ingreso de inmigrantes bajo estas condiciones? Cabe la posibilidad de apoyar con aviones del ejército y comerciales para llevar a cabo vuelos humanitarios y repatriar a los mismos a su país de origen? Cuál es la posición del Gobierno Venezolano frente a la situación de sus ciudadanos en el exterior? Respuestas que deben ser evaluadas en base a los derechos humanos.

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Los actos de corrupción deben ser investigados cumpliendo con los procedimientos y normas legales y sancionadas cuando estos sean probados. Lo que nos lleva a pensar y evaluar si realmente en el país la corrupción se ha institucionalizado a tal punto que todo ciudadano que busca la máxima autoridad debe por sí terminar involucrado en actos de corrupción y dejar de lado la decencia, moral y ética por la cual juraron frente a Dios y el país en la asunción de mando.

Y, es que hoy en día el Penal de Barbadillo acoge en sus pabellones a tres ex presidentes (Alberto Fujimori, Pedro Castillo y Alejandro Toledo), asimismo, con arresto domiciliario se encuentra Pedro Pablo Kuczynski y con investigaciones abiertas Ollanta Humala, sin dejar de mencionar al fallecido ex presidente Alan García que también se encontraba investigado por actos de corrupción.

Ante estas situaciones que sin duda alguna dañan la imagen internacionalmente de un país que día a día lucha por salir adelante contra las enormes brechas socio-económicas, debemos entender que sí podemos luchas contra la corrupción desde cada espacio ciudadano. Una lucha que sin duda debe motivar a un Estado en acciones de eficiencia en el gasto público y clara transparencia en la ejecución del mismo. Las acciones preventivas de lucha contra la corrupción pueden generarse a través de información, supervisión e incidencia en las políticas anticorrupción con las que se cuentan actualmente, con una educación ciudadana para el ejercicio de veeduría mediante la denuncia ciudadana (ya sea anónima o directa), así como en una agresiva campaña de promoción de la ética en la función pública por parte de servidores y funciones de todos los niveles de gobierno, desde los gobiernos locales hasta el Ejecutivo y Legislativo. Entendamos que solo con una gobernabilidad y una democracia sólida podemos plantar los cimientos para lograr una sociedad y país libre de corrupción, pues la capacidad para ser por sobretodo gobernables se traslada a la relación de equilibrio en el ejercicio de un poder político como resultado de una solución frente a las múltiples demandas sociales y sobre la capacidad que tienen los gobiernos (nacionales y subnacionales) para atender de forma TRANSPARENTE, eficiente y legítima las necesidades de su pueblo, sin incurrir en abuso o corrupción. Que los 200 años de independencia nos motiven a trabajar hacia el futuro, por un Estado que le brinde a su país la confianza para sus próximas generaciones.

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Así, si el VRAEM fuera Lima, Augusto Hilser sería Francisco Pizarro, amado por los migrantes y odiado por los invadidos. Francisco Irazola sería Bartolomé de las Casas, el amante de aborígenes e introductor de la fé. Los asháninkas, nomatsiguengas y kakintes, serían tahuantinsuyanos. Los Durán Panez serían los Prado. Salvador Urco, sería Nicolás de Ribera. El terremoto de 1947 sería el terremoto de 1746. El 28 de julio de 1821, sería el 26 de marzo de 1965. Adolfo Lanyi (que escribió la Colonización de Satipo) sería su Jorge Basadre. Augusto B. Leguía sería Carlos V y Fernando Belaúnde sería Felipe II. Las matanzas del 2011 y del 2016 y la de Vizcatán del Ene se habrían hecho después de las elecciones y no antes y entonces si se hubiese dicho que era rendición de cuentas. Santiago Contiricón Antúnez sería Pedro Pablo Atusparia y Edgard Zevallos Ramírez sería Nicolás de Piérola. Y en lugar de recordar cada año la retoma de la embajada del Japón de 1997, se recordaría a nivel nacional a los caídos en la autodefensa en Poyeni, en el Valle de Tambo o en Puerto Bermúdez.

Si el VRAEM fuera Lima, probablemente no habría bullyng, ni corrupción si la veracidad, honradez, el trabajo diligente y la obediencia a los padres practicadas por los asháninkas, no distorsionados con las costumbres occidentales, se siguieran practicando y ridículos programas educativos políticos regionales no encontrarían asidero. En lugar de música coreana las chavalas bailarían el maniquetagantsi, y en lugar de pintarse los labios con restos de petróleo, se pintarían la cara con achiote y no sólo habría color, sino también simbología en el maquillaje. En lugar de faldas de corte francés, se impondrían estilos de Cushma en los que invertirían Coco Chanel o Giorgio Armani, y la textilería y artesanía se exportarían.

Los jefes religiosos no hablarían del cielo sino del jenókiite y en lugar del infierno, del sharingaveni, el Sol sería el todopoderoso. Las Federaciones Indígenas, acaso serían análogos a los atomizados grupos de izquierda oxidada y los más de los jefes nativos lo serían también jefes de campañas políticas.

En lugar de papa rellena consumiríamos yuca rellena y en lugar de cebiche de cojinova, disfrutaríamos el cebiche de doncella, no matarían tantos chanchos y domesticaríamos al zamaño, Habría Zamaño San Fernando S.A. Los pobres seguirían consumiendo café, cacao, yuca, piña, plátano, naranja, papa nativa, papa blanca, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo, palto, achiote, papaya, alfalfa, papa amarilla, maní, haba, oca, frijol, trigo, arveja, arroz y papa huayro porque porque son baratos y no son rentables. Las municipalidades no perderían el tiempo haciendo proyectos productivos.

Cutivireni se haría un San Juan de Lurigancho, superpoblado y desordenado. Atalaya sería el Ancón de los 50s, lejos de la urbe y exclusivo para los que tienen plata. Para colectar nuestras evacuaciones tendríamos dos ríos Rímac: el río Tambo y el río Mantaro. Poyeni sería Chosica, alejado un poco de la urbe para alucinar un mundo sin smog. Los árboles serían postes. El Parque Nacional de Otishi y la Cordillera de Vilcababna serían la Resera Nor Yauyos Cochas, los medios hablarían de ellos, pero casi nadie iría. Las carreteras 5S de Puerto Prado y la carretera Concepción – Satipo serían las carreteras centrales, congestionadas y olvidadas. Puerto Ene y Vizcatán del Ene serían el Callao, tierras sin control. Y Canayre sería las playas de Asia. La tierra de los kakintes, de la Comunidad de Tsoroja, sería Huaycán, una tierra que casi extingue su cultura y donde no se conocen de derechos. Quizá el río Ene sería el muro de la vergüenza, al este los nativos y al oeste los colonos. Los domingos, el estrés llevaría a los citadinos, no a Chosica, sino a Parijaro o a las cataratas de Tsyapo. El curso del Ene sería la carretera panamericana. La bodega RMY, sería Metro. El Pavirontsi Natural Bridge sería el puente de los suspiros. Lima Sur sería Vizcatán del Ene (sus centros poblados: José Olaya, Belén, Nueva Esperanza, San Juan de Mantaro y Nazangaro, de donde sale el camino Mapirunto – Yaviro, serían distritos que recepcionarían a los foráneos del sur), también descontrolado. Probablemente aquí se instalarían “los hermanitos” de la Corte Suprema.

El arawac sería una lengua romance y los profesores tendrían certificados de español fabricados en “pandita” para poder enseñar a los asháninkas, nomatsiguengas o kakintes. En lugar de la Corte de San José de Costa Rica, seríamos parte del IV Tribunal Russell de Rótterdam. Habría más juzgados de tierras, que de familia. Los petroglifos de Llaylla, Paratushali, Pangoa y Pampa Hermosa, sería huacas descuidadas por el Ministerio de Cultura, de valor sólo para arqueólogos en extinción de la Universidad de San Marcos. La ULADECH, sería la Vallejo. Ante ausencia de Inkafarmas, el barbasco se industrializaría. A lo largo del Perené habría más discotecas que restaurantes turísticos y el biotipo perfecto sería Arawak y no indoeuropeo. Repsol, seguiría siendo Repsol.

En la cuenca Alta del Ene habría barones de la coca y quizá agroindustria. El precio de la coca dependería de toda la parafernalia burocrática de hacerla un producto de calidad y de certificados de SENASA. El cacao y el café serían ilegales, pero de alta demanda, por tanto, no habría necesidad de procesarlas para venderlas a altos precios. Si el café y el cacao fuesen clandestinos ya se hubiese desertificado la cuenca alta del Ene en los 60s. Fujimori hubiese hecho un Chavimochic para la coca en los 90s. Los medios oficiales no entrevistarían a Pedro Yaranga, sino a Jaime Antezana.

Hoy, no sólo se destinarían 10 000 hectáreas para el cultivo formal de la coca, nuestra narcoburguesía promovería tratados de libre comercio con el mercado negro europeo y nortemaericano. El 65% de los pobres de hoy en la zona, lo seguirían siendo, pero ahora tendrían televisión. De seguro ya la hidroeléctrica de Paquitzapango estaría construida. El 26% de extremos pobres de hoy también lo habría y seguirían viviendo en chozas en las que de cuando en cuando algún periodista curioso haría un reportaje para no perder la costumbre de exponer la indiferencia ante la desigualdad. La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, la Política Nacional contra las Drogas y el Plan Multisectorial de la Zona Estratégica del VRAEM serían el Plan Bicentenario, igual de ilusos. DEVIDA, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Integridad Pública y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego serían la Mancomunidad Regional de Lima. La economía agropecuaria de Lima clamaría diversificarse. Miraríamos más al oriente, pero menos al occidente. Ya la carretera JU 108 y JU 109 habrían sido construidas y hasta mi ferrocarril con su tren de La Oroya hacia Macchu Picchu habría sido aprobado por la Autoridad Nacional de Infraestructura de Otárola.

Arnoldo sería Keiko y sus votantes aquellos a los que regala conglomerante de caliza y arcilla calcinada. Orihuela, sería Verónika, suavecito. Charlymay sería Urresti. Dimas sería PPK, Zózimo sería un mal arreglado porki, queriéndonos hacer potencia mundial con su revolución agraria imaginaria y yo sería una mala copia de Sagasti o un buen prospecto de Guzmán para los no holísticos. Los terroristas serían narcos, pero los narcos no serían terroristas. Los Quispe Palomino serían alcaldes o quizá congresistas. Joaquín Ramírez andaría clandestino en la sierra limeña y Keiko sería protectora de mochileros. En la sierra limeña estaría la DIRCOTE en lugar de la DIVIAJ. La costa sería la sierra y el sur sería el norte. El Gobierno Regional seguiría promoviendo los negocios de algún proveedor en la feria de Yauris. Dina sería demócrata y Kelsy sería la Oxenford.

Si Lima fuera el Vraem, la Derecha se movería más a la derecha. Si el VRAEM fuera Lima, esta narración no existiría.

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El lavado de activos resulta ser complejo y difícil de investigar y perseguir, debido a la complejidad de las transacciones y la dificultad para seguir el rastro del dinero. Sin embargo, la mayoría de los países tienen leyes y mecanismos para prevenir y combatir este delito. En muchos casos, se establecen organismos especializados para la investigación y persecución de este delito, así como para la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos.

De forma mayoritaria, la doctrina penal peruana postula que el lavado de activos protege varios bienes jurídicos, denominándolo delito pluriofensivo. Siendo el principal de ellos el sistema socioeconómico, por lo que se sostiene que puede afectar la estabilidad financiera y económica de un país, ya que el ingreso de grandes sumas de dinero ilícito puede generar distorsiones en el mercado y en la economía en general.

Finalmente, se puede afirmar que este tipo penal sanciona toda conducta destinada a brindar de una apariencia de legalidad a bienes obtenidos mediante la comisión de un delito previo. Entre las modalidades o mecanismos para lograr dicho fin encontramos a la creación de empresas “fachadas”, compra de bienes inmuebles, transferencias a cuentas bancarias en países denominados “paraísos fiscales”, como cualquier otra actividad que logre ocultar el origen ilícito del bien.

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Y es que desde el pasado 30 de marzo desde que el pleno del Congreso de la República aprobara el pre-dictamen que modifica a la Ley N° 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, el mismo que autoriza el uso de armas no letales a los serenos tales como escopetas con cartuchos de perdigones de goma, grilletes de seguridad, bastón tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas. Es así que también se dispone que los mismos, deben recibir capacitaciones básicas y especializadas, además de entrenamientos permanentes sobre el uso de estas herramientas a fin de no incurrir en abuso.

De acuerdo con dicha iniciativa por parte de Congreso, los agentes de serenazgo a nivel nacional podrán contar con el equipamiento necesario para salvaguardar el orden público y combatir la delincuencia en sus jurisdicciones, sin embargo a la fecha dicho dictamen de ley aún no es aprobado ni publicado y sin dicha acción el Parlamento no puede reglamentar sobre la misma. Está en mano actualmente del Ejecutivo la revisión u observación a la misma, por cuanto el llamado a la Presidenta Boluarte al Premier y Ministro del Interior adoptar las acciones necesarias para su pronta revisión y aprobación.

Recordemos que los efectivos del cuerpo de serenos en cada municipio deben sobretodo respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas nacionales y extranjeros durante sus intervenciones, es por ello que los equipos que se plantea dotar solo se podrán usar para prevenir y disuadir los delitos que arriesguen la seguridad.

Ante esta situación exigimos a las autoridades trabajar de manera conjunta con la Policía Nacional a fin de lograr una rápida intervención ante los actos delictivos y que nuestras instituciones de justicia sanciones de manera eficaz a los delincuentes, solo así lograremos una reducción en los índices de violencia e inseguridad ciudadana que afecta la vida y salud de civiles y de los mismos efectivos de serenazgo así como de la propia policía nacional. #Alto a la delincuencia.

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En el Perú de nada le sirvió la independencia al hombre del campo, al agricultor. A inicios del siglo XIX en el país surgieron unas patrias citadinas y unas patrias andinas en términos de Carmen Mc Evoy y Gustavo Montoya. El hombre del campo tuvo que aprender a luchar más que por ser ciudadano, por dejar de ser siervo convirtiéndose en tema central y protagonista de Tempestad en los Andes y de los Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana a inicios del siglo XX. La irá de los hombres del campo empezó a efervescer como minas de guerra en Latinoamérica y atemorizó al mismo Jhon F. Kennedy porque había el riesgo de que la amargura de cientos de centurias de los labradores se fundiera con el comunismo por lo que había que terminar de una vez con el vetusto régimen feudal que entorpecía, ahora sí, la consolidación del capital. Había que crear la Alianza para el Progreso, un mecanismo de exterminio de la servidumbre en Latinoamérica para que las burguesías fluyeran plácidamente sin riego de poder perder el dominio del mundo. Y así se hicieron reformas agrarias en las ex colonias de España. Reformas Agrarias que más allá de la venia de los nuevos amos del mundo llenaron de sensaciones de libertad y de alivio a masas del campo. Nunca más capataces coactarían su caminar, nunca más hacendados comerían de su trabajar. En letras de bronce se escribieron nombres como los de Emiliano Zapata, Juan Velasco Alvarado o Salvador Allende. Era glorioso haber despojado de la propiedad de la tierra a abusones de apellidos rimbombantes. Había que celebrar el desvanecimiento del yugo y se celebró. La Reforma Agraria se convirtió en un símbolo de liberación, pero sólo eso, en un símbolo. La liberación aún no ha llegado completamente, el campesino se liberó del gamonal, no de la desigualdad.

El latifundista se extinguió, el desdén, no. Del desdén se ha hecho cargo el Estado. Hoy el agobio al minifundista se lo hace el cambio climático (las heladas, el friaje, las plagas, la deglaciación son hoy los verdugos del ayer), hoy no son las luchas sociales la esperanza de una vida mejor, hoy la migración de los hijos de los agricultores a las ciudades llenas de polución, es la salvación (poblaciones como Muqui en Jauja u Ondores en Junín, se van haciendo fantasmas paulatinamente, no hay aliciente para que el joven quede ahí, sólo el viejo quecha hablante sobrevive), hoy no se lucha contra el opresor, hoy se coexiste con él, hoy la auténtica reivindicación del campo ha sido desgajada y reemplazada por populismos de politiqueros y de algo de conchabanza de sus ayayeros, sean de aquí o sean de acullá.
Hoy, sin embargo, en lugar de hablar claro y de las cosas como son, en esta parte del país el primer mandatario regional ha elucubrado en su imaginación hacer una Revolución Agraria, una especie de “evolución” de la Reforma Agraria (se ha hecho fácil en la sociedad posmoderna vaciar de contenido todo). ¿Qué es la Revolución Agraria para él? Para él la Revolución Agraria es la compra de maquinaria en lugar de inventarla (acaso porque el ripiado y mantenimiento de trochas y vías rurales al estilo del “cumpa” Navarro genera acólitos, no desarrollo).

Es la dotación de infraestructura de canales de riego como el Simirg o el Plan Merys por los cuales, en tanto no se descontamine el río Mantaro, seguirán fluyendo aguas con metales pesados que se harán componentes de las plantaciones que ingeriremos, canales que seguirán reproduciendo el minifundio, como en Majes, haciendo imposible exportar productos a Europa o Asia porque allá los ciudadanos si saben qué es el derecho del consumidor. Es no hacer irrigación por goteo o aspersión masiva porque los inversores amigos no se dedican a eso. Es no hablar de zonificación económico ecológica porque es chocar con inmobiliarias que destruyen ecosistemas agrícolas, como lo hicieron hace décadas en Ate, el Agustino o San Martín, allá en la capital. Revolución Agraria es no convertir en política pública regional, a través de una Ordenanza Regional, el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca del Mantaro porque éste ya tiene proyectos de inversión que probablemente colisionan con los intereses del inquilino del sillón regional.

Revolución Agraria es ser patero de la dictadora nacional para que suelte el presupuesto de AGROIDEAS, PROCOMPITE y FOVIDA. Revolución Agraria es comprar combustible al capital, para donar. Revolución Agraria es ofrecer industrialización cuando ya el artículo 59 de la Constitución desde 1993 le ha dicho al privado que lo haga y éste no lo hace ¿Cómo digerir que un Gobierno Regional descapitalizado puede industrializar un sector? Revolución Agraria es no tener especialistas en gobernanza que viabilicen proyectos como la represa de Yanacocha. Revolución Agraria es seguir teniendo a los nativos de supeditados en lugar de hacerlos autores y actores de su propio desarrollo. Revolución Agraria es no entender que muchas veces la propiedad comunal en las zonas urbano marginales de valle del Mantaro es hoy una quimera y que proseguir con proyectos de titulación es pérdida de costos de oportunidad. Revolución Agraria es ofrecer exportación con minifundios que por esencia producen sólo de manera familiar. Revolución Agraria es no comprender que los cítricos peruanos nunca competirán con los cítricos de Brasil porque allá se cuenta con inmensidad de mano de obra casi esclava que reducen sus costos de producción, es no comprender que nuestras paltas, en estas condiciones, nunca competirán con las que producen los latifundios beneficiarios de Chavimochic. Revolución Agraria es no hablar del ocupamiento de fajas marginales porque eso no es popular. Revolución agraria es no contemplar la irrigación de las zonas medias de las faldas de los cerros, de las microcuencas, de las 469 000 hectáreas de territorio, de las tierras de secano de Huayucachi, Huancán, Huacrapuquio o Cullhuas. Revolución Agraria es no contemplar proyectos de irrigación en el Canipaco o en Huaripampa. Su Revolución Agraria, es imaginación.

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