Con la extradición del ex presidente Alejandro Toledo a nuestro país con el fin de continuar con las investigaciones por las acusaciones de corrupción que pesan sobre él por los sobornos millonarios recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, se ha configurado en el Perú una suerte de generalización contra todo Presidente que deja el cargo y debe enfrentar investigaciones por distintos hechos graves en el desarrollo de sus funciones como máximas autoridades de un país.
Los actos de corrupción deben ser investigados cumpliendo con los procedimientos y normas legales y sancionadas cuando estos sean probados. Lo que nos lleva a pensar y evaluar si realmente en el país la corrupción se ha institucionalizado a tal punto que todo ciudadano que busca la máxima autoridad debe por sí terminar involucrado en actos de corrupción y dejar de lado la decencia, moral y ética por la cual juraron frente a Dios y el país en la asunción de mando.
Y, es que hoy en día el Penal de Barbadillo acoge en sus pabellones a tres ex presidentes (Alberto Fujimori, Pedro Castillo y Alejandro Toledo), asimismo, con arresto domiciliario se encuentra Pedro Pablo Kuczynski y con investigaciones abiertas Ollanta Humala, sin dejar de mencionar al fallecido ex presidente Alan García que también se encontraba investigado por actos de corrupción.
Ante estas situaciones que sin duda alguna dañan la imagen internacionalmente de un país que día a día lucha por salir adelante contra las enormes brechas socio-económicas, debemos entender que sí podemos luchas contra la corrupción desde cada espacio ciudadano. Una lucha que sin duda debe motivar a un Estado en acciones de eficiencia en el gasto público y clara transparencia en la ejecución del mismo. Las acciones preventivas de lucha contra la corrupción pueden generarse a través de información, supervisión e incidencia en las políticas anticorrupción con las que se cuentan actualmente, con una educación ciudadana para el ejercicio de veeduría mediante la denuncia ciudadana (ya sea anónima o directa), así como en una agresiva campaña de promoción de la ética en la función pública por parte de servidores y funciones de todos los niveles de gobierno, desde los gobiernos locales hasta el Ejecutivo y Legislativo. Entendamos que solo con una gobernabilidad y una democracia sólida podemos plantar los cimientos para lograr una sociedad y país libre de corrupción, pues la capacidad para ser por sobretodo gobernables se traslada a la relación de equilibrio en el ejercicio de un poder político como resultado de una solución frente a las múltiples demandas sociales y sobre la capacidad que tienen los gobiernos (nacionales y subnacionales) para atender de forma TRANSPARENTE, eficiente y legítima las necesidades de su pueblo, sin incurrir en abuso o corrupción. Que los 200 años de independencia nos motiven a trabajar hacia el futuro, por un Estado que le brinde a su país la confianza para sus próximas generaciones.
