Un grupo de congresistas, entre ellos el congresista Muñante, han iniciado una campaña que levanta un lema: «a la mujer la define la biología, no la ideología» en clara oposición al derecho a decidir, que conmemorando el 28 de septiembre: Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro ha sido motivo de diversas manifestaciones de mujeres que reclaman por este derecho.

Cuando se habla sobre el derecho a decidir es fundamental tener en cuenta los datos de mortalidad materna, ya que es necesario que se diga de una manera mucho más clara que el embarazo siempre representa un riesgo de muerte para las mujeres, aún en las mejores condiciones. Y muchas de las muertes se presentan en los periodos más avanzados del embarazo, aunque durante los primeros meses no se hayan presentado ningún tipo de señales de peligro.

Por ello y por las razones de cuidado, en el contexto de esta sociedad en la cual el cuidado recae en su totalidad sobre las mujeres, la decisión de gestar y ser madre debe ser estrictamente de las mujeres en la plenitud de su libertad sin ningún tipo de coacción ni imposición social. Ya que, sin importar las condiciones, un embarazo impuesto es considerado violencia explícita contra la mujer.

Según el informe de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza del 2022, se reportó que para el 2020, 439 mujeres murieron durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto en el Perú; 137 muertes maternas más en relación al 2019. Lamentablemente para el 2021 la cifra fue en aumento y se presentaron 493 muertes. En una comparación de la misma semana epidemiológica entre el 2021 con la de este año se evidencia una disminución de 123 muertes, pero con incrementos importantes en Ucayali, La Libertad, Huancavelica y Moquegua. Junín ocupa el séptimo lugar en número de muertes maternas.

De todos estos datos es necesario tener en cuenta uno bastante peligroso y es que de acuerdo al reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Junín registra 85 casos de nacimientos de madres niñas menores de 15 años, siendo las provincias que encabezan la lista: Chanchamayo, Huancayo y Satipo, que además se encuentran entre las 20 con los más altos registros de partos en niñas de esa edad.

El reporte de la UNFPA para el 26 de setiembre de 2022 nos indica cifras alarmantes en relación a embarazos y partos de niñas, como es que, de cada 4 nacimientos en niñas, los de 10 a 14 años todos son producto de violación. Para el 2021 se registraron 7,738 casos de violación sexual contra niñas solo de los que fueron denunciados en el Centro de Emergencia Mujer (CEM). Pero a pesar de esta evidencia tan contundente, aún hay autoridades o aspirantes a cargos, que hablan de esto como si de niñas “agrandadas” e irresponsables se tratara. Y además se niegan a la implementación de la educación sexual integral y el enfoque de género en las escuelas.

Nuestro país es uno de los países con más atraso en materia del derecho a decidir, ya que solo contamos con una minúscula oportunidad de decidir en casos de enfermedad que comprometa gravemente la salud de la mujer o que el producto sea inviable y además este solo se puede aplicar antes de las 22 semanas de gestación; pero que en la práctica no se otorga, ya que existe una terrible resistencia en las y los profesionales de la salud llamados a ejecutarlo. Lo que pone en grave riesgo la vida de todas las mujeres con estas características.

Ya tenemos como país una vergonzosa sentencia internacional por haber negado este derecho y haber sometido a tortura a quien requería de este procedimiento, pero las cosas no han cambiado para mejor, y lejos de poner el debate en brindar el acceso al aborto en plenitud y con seguridad, el Congreso de la República pretende anular este vestigio de derecho sin que la sociedad se indigne por ello e inicia esta campaña que pone en peligro la vida de las mujeres.

El derecho a decidir va más allá por el solo acceso a abortar de manera legal, segura y gratuita en los establecimientos de salud, y en compañía de profesionales capacitados. El lema que se levanta desde el feminismo es bien claro al respecto y lo que se dice a gritos desgarradores es que debemos tener el derecho a educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar y si todo lo anterior no ha sido otorgado, pues el aborto seguro es el derecho que se reclama.

Sin embargo, voy a ir más allá de esto y es que se romantiza tanto la maternidad que se le impone a la mujer ser madre como una condición innata a su naturaleza, lo que genera una obligación a gestar con la consiguiente violencia pasiva de la que no se habla.

Como hemos podido ver en este breve análisis, gestar, parir y cuidar siempre representa un riesgo de morir para las mujeres. Por ello, obligar a una mujer a ser madre es tortura y resulta terrorífico cuando vemos que en este país se le obliga a ser madre a las niñas que además de ser violadas, deben morir por el delito de un ser nefasto, de la sociedad y de autoridades que no hacen nada más que contar nacimientos sin implementar ninguna medida que les salve la vida.

El derecho a decidir no solo es el poder abortar, es poder mirar a las mujeres que somos la mitad de la población como sujetas de derecho y que merecemos una vida plena. En el mismo sentido, si una mujer en la plena libertad de sus derechos decide ser madre, el Estado está obligado a acompañarla durante todo el proceso, con acceso a servicios de salud integral y un sistema de cuidados para criar, en donde ella no sea la única responsable de la carga, sino que se involucre a los hombres. Pero el sistema económico impuesto en este país también nos niega este derecho y sustentado por grupos de poder que toman decisiones sobre nuestras vidas, nos niegan todo.

Mantener las inequidades, elemento fundamental que sustenta el sistema corrupto del cual se alimentan los grupos de poder, es su objetivo primordial. Los grandes capitales hacen fortunas a costa de nuestras vidas y poco les interesa la vida del producto no nacido como nos hacen creer. La sociedad no puede seguir siendo pasiva ante este crimen que debería ser considerado de lesa humanidad. Y este congreso, con claros vínculos con la corrupción está en esa tarea.

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A pesar de que aún nos encontramos en plena pandemia, estamos ante un breve momento de calma en relación a lo que significó la crisis sanitaria del 2020. Y en ese sentido es preciso que se planteen serias reflexiones. Aunque desde siempre se escuchan las voces de los analistas y expertos en el mismo sentido, sobre lo precario de nuestro sistema de salud, la fragmentación, y la falta de un sistema de aseguramiento universal fortalecido.

Es necesario hacerlas, pero también desde otra perspectiva, la de los cambios profundos, desde la ciudadanía y los pueblos en su plena diversidad.

Haciendo un análisis general y bastante objetivo, hablemos sobre el presupuesto en salud. Según informa la Guía de Orientación al Ciudadano del Presupuesto Público 2022 del Ministerio de Economía y Finanzas, de los casi 200 000 millones de soles de presupuesto destinado al sector público para este año 2022, se ha decidido que el sector salud sea prioritario, y para ello le otorgan casi 23 000 millones, lo que incrementa en 9.3% respecto al 2021. Sin embargo, esto ¿será suficiente? O mejor aún ¿será relevante para cubrir las necesidades de salud del país?

Se establece que el presupuesto será distribuido para la emergencia sanitaria, para cubrir las necesidades de personal de salud, para continuar con el proceso de descentralización, fortalecer el acceso al cuidado y atención integral, así como inversiones en estrategias de salud, infraestructura y equipamiento de establecimientos y otras prioritarias. Y así, más o menos en ese orden. Sin embargo, resulta un poco poético cuando está claro que no hay cambios de fondo importantes, sobre todo teniendo en cuenta las promesas que este gobierno hizo en relación de algunos derechos como es el de acceso a la salud.

De acuerdo con la OPS (Organización Panamericana de la Salud), el acceso a la salud es la “capacidad de utilizar servicios de salud integrales, adecuados, oportunos y de calidad, en el momento en que se necesiten”. ¿Será posible esto, planteando un presupuesto como el descrito? Y además, ¿será lo único necesario para poder cumplir con las necesidades básicas en salud de la población del territorio peruano?

Un presupuesto que está basado en objetivos que solo cubren situaciones circunstanciales, pero no de fondo, no podrá jamás cubrir ni el acceso a la salud, que es solo un pequeño aspecto de lo que significa atender la salud de la población de un país. No importa que tan bien pueda ejecutarse, e incluso en un supuesto bastante utópico, si no hubiera corrupción. Si la mirada que se tiene del derecho a la salud no está orientada desde la perspectiva de los derechos humanos, lo único que se podrá conseguir con algunas buenas voluntades es que solo algunos de los sectores más privilegiados tengan algún tipo de acceso, pero jamás será universal.

Las barreras de acceso a salud son dificultades a nivel de varios aspectos, geográficos, económicos, sociales, culturales, e incluso políticos; que generan que la mayoría de personas en nuestro país no puedan gozar de atención integral en salud y mucho menos acceso. Eso hablando solo de aspectos superficiales de lo que significa la salud, porque en realidad está se basa en lo que llamamos los determinantes sociales, y estos están relacionados con otros derechos, educación, trabajo y vivienda, solo por mencionar unos pocos, pero fundamentales para poder comprender lo que se pretende con este análisis.

No basta con el incremento de presupuesto, qué siendo sinceros, es insuficiente y no cubre con el estándar que se exige a nivel internacional. En realidad, lo que se requiere para iniciar un camino que respete como seres humanos a la población de este país, es replantear el sistema de salud desde sus propias leyes. Leyes que refuerzan el pensamiento instaurando que describe el derecho a la salud como un bien que debe ser entregado de manera segregada y no algo universal inherente a todo ser que habite este territorio.

Las responsabilidades que tiene este gobierno no son más que haber incumplido con la promesa de sostener una asamblea que consulte por cambios en nuestra constitución, pero este sistema nació desigual, nació para segregar y se instauró con mirada mercantilista y discriminadora, que le dice siempre a la población mayoritaria que no es un ser de iguales derechos, que solo es un objeto parte de la maquinaria de un sistema de producción y consumo, y nada más. Termino la reflexión con una interrogante más ¿cuál es el rol de la ciudadanía para la solución de este problema?

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El cantante John Kelvin ha sido condenado a 21 años de prisión por los delitos de agresión física y violencia sexual en contra de su esposa y madre de sus hijos. A raíz de este caso y las reacciones de la población por tratarse de un personaje público del mundo del espectáculo, es preciso hacer una reflexión un poco más profunda.

Los machistas son hombres sanos, sin alteraciones mentales ni trastornos. Son hombres «normales», son esos «buenos» hombres muchas veces admirados, criados en esta estructura patriarcal que les enseña a violentar a las mujeres y actúan en concordancia con lo que está normalizado en nuestra sociedad.

Los machos son hombres que ejercen todos los tipos de violencia hasta concluir con el feminicidio. No existe una pequeña violencia, porque aquel que ejerce violencia es un feminicida potencial, y no podemos esperar a que asesinen para sancionar el delito de manera ejemplar.

Sin embargo, esto no soluciona nada, es la educación con perspectiva de equidad de género, lo que irá trasformando y deconstruyendo las conductas que han hecho que este delito sea un elemento cultural instaurando en los «buenos» hombres de nuestra sociedad.

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Desde hace muchos años y en varios países se vive la llamada fiesta por la solidaridad. Donde se supone que se juntan las personas de buen corazón para una noble causa. Recaudar fondos para devolver la salud a otro grupo de personas. En el caso del Perú se inició con las niñas y los niños afectados por la polio y hoy se realiza para las personas con discapacidad que se atienden en la Clínica San Juan de Dios. Más allá de las buenas voluntades, ciertas o fingidas, ¿qué se esconde tras esta llamada “noble causa”?

La caridad como acto de nobleza tiene una historia muy nefasta y en realidad se gesta como producto de una serie de vulneraciones hacia el derecho fundamental de acceso a la salud. Se ha disfrazado de bondad el hecho de normalizar que exista un grupo de personas con una necesidad urgente y que el Estado tiene en completo abandono. De pronto vemos incluso a nuestras autoridades que se desprenden de lo que les sobran y aparecen en televisión otorgando un donativo. Cuando en realidad deberían trabajar por la implementación de políticas públicas que garanticen el cumplimiento de esas atenciones de forma contundente.

Hablando solo del famoso evento de este pasado fin de semana. Que reúne a las figuras más famosas de la televisión peruana y ese día todos los canales dejan de competir por amor y solidaridad, con el fin de recaudar fondos que se supone cubrirán la atención de por lo menos un grupo de personas con discapacidad que requieren atención en la emblemática Clínica San Juan de Dios. Más allá de la buena voluntad y del trabajo de esta institución que no pertenece a los establecimientos del sistema público de salud, es importante analizar lo que encierra este simbólico acto, que se ha emulado con otras causas como la recaudación de fondos para el cáncer, por ejemplo.

En eventos como estos se reúnen empresas privadas y del Estado, personas individuales, tal vez con las mismas carencias, que se sensibilizan y dan lo mucho o lo poco que tienen para cubrir una necesidad que es obligación del Estado atender. Y así como se romantiza el emprendedurismo que otorga la responsabilidad del Estado a la persona individual que se las ingenia para sobrevivir a la pobreza. Se le delega a las personas de buena voluntad la responsabilidad del Estado de hacerse cargo de la atención de este grupo poblacional. Pues mientras las empresas no se hacen cargo de la salud ocupacional que deja a sus trabajadores con invalidez permanente y luego los despide, porque no hay derechos laborales. Por otro lado, hace cuantiosos donativos caritativos, y además no tienen políticas de empleabilidad a personas con discapacidad y no cuenta con infraestructura responsable de acceso como rampas o elevadores.

El país no cuenta con una política pública contundente en materia de prevención de la discapacidad. La informalidad laboral genera que las personas que sufren las consecuencias de lesiones no puedan acceder a seguros ni atenciones luego de ser despedidos, porque ya no pueden trabajar. La alta tasa de accidentes de tránsito es un problema público que genera discapacidad permanente en personas jóvenes y en edad productiva para trabajar. Pero la discapacidad también se genera por explotación laboral, que no respeta la salud ocupacional de las personas y no solo los enferma, sino que luego los abandona a su suerte y a la buena voluntad de eventos de caridad.

Ser solidarios no es malo, todo lo contrario. Lo malo está cuando se disfraza de solidaridad las obligaciones y se pone venditas en una herida que necesita una compleja cirugía. Lamentablemente, eventos como la Teletón encierran una serie de situaciones bastante turbias, ya que se implementan como consecuencia de programas muy bien estructurados que se instauran para evitar otorgar acceso a la salud universal como responsabilidad de los Estados. El aseguramiento universal y la inversión en el sistema de salud es un tema urgente que a pesar de vivir una crisis sanitaria universal no está siendo abordado de manera profunda. El año pasado hemos visto las enormes colas para comprar oxígeno en establecimientos privados como quien compra un bien cualquiera, pero muchas personas no son conscientes de lo perverso que es haber permitido eso sin cambiar nada de manera radical.

La ciudadanía merece un gobierno abierto que garantice la transparencia y la participación de esta en los cambios profundos. Toda esta crisis debe dejar un mensaje de que el acceso a la salud es un derecho y no un bien que se compra con nuestro escaso dinero que a duras penas alcanza para comer. Porque de lo contrario, ya me imagino las jornadas solidarias que se gestarán para atender a miles de personas con discapacidad que dejará la COVID-19 y que aún no estamos contando, porque seguimos sin ver más allá de lo que realmente importa. Mientras que por otro lado no se haga nada por garantizar su acceso a la salud y a pensiones que les garanticen una vida digna.

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