Desde hace muchos años y en varios países se vive la llamada fiesta por la solidaridad. Donde se supone que se juntan las personas de buen corazón para una noble causa. Recaudar fondos para devolver la salud a otro grupo de personas. En el caso del Perú se inició con las niñas y los niños afectados por la polio y hoy se realiza para las personas con discapacidad que se atienden en la Clínica San Juan de Dios. Más allá de las buenas voluntades, ciertas o fingidas, ¿qué se esconde tras esta llamada “noble causa”?
La caridad como acto de nobleza tiene una historia muy nefasta y en realidad se gesta como producto de una serie de vulneraciones hacia el derecho fundamental de acceso a la salud. Se ha disfrazado de bondad el hecho de normalizar que exista un grupo de personas con una necesidad urgente y que el Estado tiene en completo abandono. De pronto vemos incluso a nuestras autoridades que se desprenden de lo que les sobran y aparecen en televisión otorgando un donativo. Cuando en realidad deberían trabajar por la implementación de políticas públicas que garanticen el cumplimiento de esas atenciones de forma contundente.
Hablando solo del famoso evento de este pasado fin de semana. Que reúne a las figuras más famosas de la televisión peruana y ese día todos los canales dejan de competir por amor y solidaridad, con el fin de recaudar fondos que se supone cubrirán la atención de por lo menos un grupo de personas con discapacidad que requieren atención en la emblemática Clínica San Juan de Dios. Más allá de la buena voluntad y del trabajo de esta institución que no pertenece a los establecimientos del sistema público de salud, es importante analizar lo que encierra este simbólico acto, que se ha emulado con otras causas como la recaudación de fondos para el cáncer, por ejemplo.
En eventos como estos se reúnen empresas privadas y del Estado, personas individuales, tal vez con las mismas carencias, que se sensibilizan y dan lo mucho o lo poco que tienen para cubrir una necesidad que es obligación del Estado atender. Y así como se romantiza el emprendedurismo que otorga la responsabilidad del Estado a la persona individual que se las ingenia para sobrevivir a la pobreza. Se le delega a las personas de buena voluntad la responsabilidad del Estado de hacerse cargo de la atención de este grupo poblacional. Pues mientras las empresas no se hacen cargo de la salud ocupacional que deja a sus trabajadores con invalidez permanente y luego los despide, porque no hay derechos laborales. Por otro lado, hace cuantiosos donativos caritativos, y además no tienen políticas de empleabilidad a personas con discapacidad y no cuenta con infraestructura responsable de acceso como rampas o elevadores.
El país no cuenta con una política pública contundente en materia de prevención de la discapacidad. La informalidad laboral genera que las personas que sufren las consecuencias de lesiones no puedan acceder a seguros ni atenciones luego de ser despedidos, porque ya no pueden trabajar. La alta tasa de accidentes de tránsito es un problema público que genera discapacidad permanente en personas jóvenes y en edad productiva para trabajar. Pero la discapacidad también se genera por explotación laboral, que no respeta la salud ocupacional de las personas y no solo los enferma, sino que luego los abandona a su suerte y a la buena voluntad de eventos de caridad.
Ser solidarios no es malo, todo lo contrario. Lo malo está cuando se disfraza de solidaridad las obligaciones y se pone venditas en una herida que necesita una compleja cirugía. Lamentablemente, eventos como la Teletón encierran una serie de situaciones bastante turbias, ya que se implementan como consecuencia de programas muy bien estructurados que se instauran para evitar otorgar acceso a la salud universal como responsabilidad de los Estados. El aseguramiento universal y la inversión en el sistema de salud es un tema urgente que a pesar de vivir una crisis sanitaria universal no está siendo abordado de manera profunda. El año pasado hemos visto las enormes colas para comprar oxígeno en establecimientos privados como quien compra un bien cualquiera, pero muchas personas no son conscientes de lo perverso que es haber permitido eso sin cambiar nada de manera radical.
La ciudadanía merece un gobierno abierto que garantice la transparencia y la participación de esta en los cambios profundos. Toda esta crisis debe dejar un mensaje de que el acceso a la salud es un derecho y no un bien que se compra con nuestro escaso dinero que a duras penas alcanza para comer. Porque de lo contrario, ya me imagino las jornadas solidarias que se gestarán para atender a miles de personas con discapacidad que dejará la COVID-19 y que aún no estamos contando, porque seguimos sin ver más allá de lo que realmente importa. Mientras que por otro lado no se haga nada por garantizar su acceso a la salud y a pensiones que les garanticen una vida digna.
