La cuestión de confianza, vacancia presidencial y disolución del Congreso, acaparan el debate político previo a la presentación del “Gabinete Vásquez”, en busca del voto de investidura. Se prevé serán centrales en la ronda de conversaciones que con atraso de una semana respecto al primer anuncio de la PCM se desarrollará desde este lunes, tiempo en que también debe tener cabida la reunión entre las presidentas del Gabinete y del Congreso, con agenda que incluya la fecha de la presentación, lo más pronto posible.


Si bien es cierto, los mencionados temas son de importancia y deben tratarse con responsabilidad republicana, precisando sus alcances para que no sigan prestándose a “interpretaciones auténticas”, no tienen la suma urgencia que demandan la reactivación económica, la lucha contra la pandemia y la corrupción, la recuperación de empleos dignos, la inseguridad ciudadana y el retorno de nuestros estudiantes a clases presenciales, por lo que las propuestas sobre esos retos, deben ser pilares en las políticas públicas a exponerse ante el Pleno, en el objetivo de desterrar la incertidumbre, recuperar la gobernabilidad y como consecuencia, la confianza en las posibilidades del país.


En ese sentido, es responsabilidad del ejecutivo y legislativo, en nombre de los objetivos de la hora, limpiar el escenario de cualquier tema que perturbe el debate de fondo que interesa a la población. Pretender en esta emergencia, se prioricen desafíos pendientes que necesitan un tiempo razonable de maduración y tácticas democráticas para anheladas reivindicaciones, a fin de satisfacer los delirios fundamentalistas y efectistas de la facción radical del dividido partido de gobierno, es irresponsabilidad y divorcio de las penurias que afrontamos.


En la inminente presentación del gabinete, cumpliendo con lo que norma la Constitución del Estado, el Congreso y Ejecutivo, tienen la oportunidad de mostrar su real capacidad de concertación, sin arriar las banderas de sus competencias.
En el caso del Congreso, de exponer el real nivel de cada bancada en el tratamiento de los temas de fondo que plantearán las políticas públicas diseñadas por el nuevo gabinete. Concordando, coincidiendo, criticando y exponiendo alternativas a las políticas con las que no estén de acuerdo. Es decir, cumpliendo con sus competencias en función de los intereses de la población que les otorgó su representación política, como parte del necesario proceso de legitimación institucional, tan venida a menos por el nivel de los últimos congresos (congresistas).


La ciudanía tiene el deber y derecho de participar en el quehacer público de estos días, poniendo su atención en el comportamiento y las posiciones de los protagonistas de la política de los dos poderes del Estado, tanto en sus propuestas, debates, como en las votaciones, para tomar posición libre y consciente sobre lo que escuchan y analizan directamente. Es lo saludable para democracia y ejercicio de ciudadanía.