Este miércoles último en diversas entrevistas a nivel nacional, la vice ministra de la Mujer Silvia Loli ha tratado de “justificar” las palabras de la titular del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en referencia al asesinato de Katherine Gómez, desconociendo los múltiples motivos por los cuales muchas mujeres víctimas de violencia deciden callar ante una situación de agresión. El señalar que las mujeres “también son culpables” por decidir continuar en una relación con sus parejas violentas o no reconocer a sus agresores, son expresiones que sin duda alguna han generado mayor indignación en la población.
En nuestro país las cifras de violencia contra la mujer y grupos de familia no tienen cuando acabar y cada vez son más alarmantes por la forma como se les asesina, y es que en lo que va del 2023 ya se han registrado 33 feminicidios a nivel nacional y más de 40 tentativas según cifras del propio MIMP. Recordemos que en el 2022, 137 mujeres perdieron la vida y 51 de ellas tuvieron una muerte violenta.
Desde el Legislativo se busca fortalecer mediante modificaciones a la Ley N° 30364 (la misma que busca prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y grupo familiar, con la Ley N° 31715) la eliminación de obstáculos y fortalecer su ejecución tales como el acortar los plazos para la evaluación de los casos denunciados y que las medidas de protección sean ejecutadas de forma inmediata no debiendo estas exceder las 48 horas desde el registro de las denuncias. Sin embargo ante un Estado con deficiencias en la asignación de recursos económicos para la contratación de recurso humanos en las distintas entidades públicas transversales que ejerzan una actividad de garantía para la vida y salud de las mujeres y peruanos en general, así como a la falta de infraestructura tales como los Centros de Emergencia Mujer en el interior del país y principalmente en zonas rurales, hacen que la atención y auxilio no llegue en favor de la población femenina frente a una situación visible de violencia de género. Aquí es donde también los gobiernos locales deben trabajar en estrecha relación con el gobierno central para implantar políticas que contribuyan a garantizar una atención oportuna frente a casos de violencia mediante el área mujer de cada gobierno local (distrital y provincial) y por sobretodo en la asistencia a las mismas.
Para lograr una sociedad libre de violencia necesitamos escuchar y reconocer las señales de cuando se es víctima de violencia; educar en la importancia de la igualdad de género desde nuestros roles así como en la eliminación de los estereotipos y estándares machistas de nuestra sociedad; garantizar una atención inmediata y acompañamiento a las sobrevivientes de violencia sin discriminación alguna por clase, credo o nacionalidad. Juntos podemos lograr una sociedad libre de violencia. Contribuyamos a erradicar toda situación de vulneración y fortalezcamos una sociedad en equilibro, en igual de oportunidades, crecimiento y desarrollo para mujeres y varones. #NiUnaMenos.
