En el grupo de los jaladores o tramitadores, para arraigarlos al proceso penal y porque existe fundada sospecha de que pueden influenciar en testigos y coinvestigados, sostuvo el fiscal Wilfredo Domínguez.
Así lo sostuvo el fiscal Wilfredo Domínguez al indicar que esa situación podría evitarse restringiendo su accionar. Además, indicó, al imputarles delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio las penas superan los 4 años de prisión, requisito para pedir dicha medida.
Mañana continuará la audiencia en la que se evalúa el pedido del Ministerio Público. Según la tesis fiscal, la presunta organización criminal habría estado enquistada en el Gobierno Regional de Junín traficando brevetes para financiar las actividades del partido Perú Libre.
