LA LEGALIDAD NO TE DA LEGITIMIDAD EN POLÍTICA

El 2021, la pobreza monetaria afectó al 25,9% de la población del país, periodo en el cual se registró una paralizaron muchas actividades económicas afectando críticamente al sector emprendedor que vive del día a día (más del 80%)

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), (INEI) concluyen que “La línea de pobreza es el equivalente monetario al costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos, que para el año 2022 asciende a S/ 753 mensuales por habitante, considerándose pobres extremos a las personas cuyo gasto mensual no cubre el valor de la canasta básica de consumo alimentaria”.  Entonces, para una familia de cuatro miembros el costo de una canasta básica de consumo es de S/ 3012 mensuales, obviamente hay familias que tienen más integrantes.

Ante esta realidad, la construcción de un Policlínico exclusivo para los congresistas que costaría más de 2 millones; el aumento de sueldos en alcaldes, dietas en regidores; son acciones frívolas y nada empáticas con la población que los desaprueba en más del 90%.

A 100 días de los gobiernos regionales y locales, no se evidencian logros importantes (algunos se justifican porque recibieron una gestión en rojo y están ordenando los contratos, porque les dejaron una sobrecarga de personal en las planillas). ¿El aumento de dietas, no es una sobrecarga a las planillas? ¿No es generar un perjuicio económico a la Municipalidad? ¿No deberían estar empeñados en presentar ordenanzas en favor de sus electores?

Ciertamente puede existir un sustento legal (El numeral 28 del artículo 9º de la citada Ley Nº 27972, indica que es atribución del Concejo Municipal aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores; asimismo, de manera concordada con los artículos 12º1 y 44º2 de la citada norma, dicho acuerdo debe publicarse obligatoriamente, bajo responsabilidad); pero hay un escenario de crisis política, social, económica que requiere acciones de trabajo en favor de la población.

Hay que recordarles a las autoridades públicas, ciertamente tienen la legalidad porque fueron elegidas mediante procesos electorales para un cierto periodo; pero la legitimidad la ganan con gestión, con fiscalización, con vínculo y trabajo solidario de apoyo a la comunidad que le permita mejorar sus condiciones de vida. Estar en política y en gestión pública es para servir, con identidad política a la comunidad y sin oportunismos.