Alejandro Toledo ha sido objeto de una solicitud de extradición por parte de las autoridades peruanas, ello debido a los graves cargos de corrupción que viene afrontando en nuestro sistema penal. Dicha solicitud ha sido finalmente autorizada por los Estados Unidos para que pueda ser procesado penalmente. Entre los delitos imputados al expresidente encontramos a la colusión y el lavado de activos. Los hechos comprenden la supuesta aceptación de sobornos por un total de 35 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de favorecerla en las contrataciones públicas durante su mandato presidencial.
La autorización de la extradición de Toledo ha sido un proceso complejo, que ha llevado varios años de negociaciones entre el gobierno peruano y estadounidense. Respecto a los cargos, el expresidente ha negado rotundamente las acusaciones de corrupción en su contra y ha declarado de manera pública que se trata de una persecución política. Esta decisión de autorizar la extradición ha sido tomada por la administración del presidente Joe Biden.
Se debe precisar que, el delito de colusión comprende típicamente el acuerdo o pacto colusorio que se celebra por parte del funcionario público y el denominado extraneus. Por otro lado, el lavado de activos sanciona toda acción destinada a brindar una apariencia de legalidad a bienes generados por delitos previos, que por su origen no pueden ser utilizados de manera directa, ya que podrían ser incautadas por su ilicitud.
Por último, la autorización de la extradición de Toledo también es un recordatorio de que la corrupción es un problema global que afecta a muchos países. El caso de Odebrecht, que ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina en los últimos años, ha salpicado a varios países de la región, incluyendo Brasil, México y Colombia. Este caso se suma, a la lista de casos penales que involucran a exmandatarios peruanos.
