Durante estos días las declaraciones del Premier han causado polémica en relación a la posibilidad de estatización, nacionalización o expropiación de la empresa que extrae el gas de Camisea y como consecuencia de lo que suceda con las otras que operan en el país realizando actividades extractivas de nuestros recursos naturales. Al margen de las disputas y declaraciones contrapuestas entre el presidente e incluso las siempre inoportunas declaraciones de Vladimir Cerrón. Lo que hay que analizar es mucho más complejo y debería estar en la mesa de diálogo ciudadano, sobre todo en Junín que es una de las regiones que ha sido golpeada durante años por las consecuencias de las actividades extractivas de una empresa que nunca respetó el medio ambiente.
Lo primero que hay que tener en cuenta y parece que la ciudadanía no lo tiene muy claro, es que los recursos naturales que se encuentran en nuestro territorio nacional nos pertenecen. Lo segundo es que el hecho de que no tengamos la tecnología para explotar y extraer estos recursos no deberían ser razones para entregarlos a las empresas privadas sin ninguna condición, bajo el argumento de que ellos traerán desarrollo, inversión y puestos de trabajo. Cuando lo ideal sería que el Estado hubiera tenido la capacidad de negociar condiciones favorables en las que seamos nosotros quienes ganemos el mayor porcentaje y estas empresas reciban una justa compensación por la inversión. Pero no sucede así, el Estado les brinda toda la libertad de explotar nuestros recursos, pagar una mínima proporción de las ganancias y en algunos casos inclusive los exime de pagar impuestos. Además se les permite dañar el ecosistema y causar graves consecuencias en la salud de la población.
Sobre este último punto se debe hacer una reflexión, abordando la problemática sanitaria desde una perspectiva integral que tenga en cuenta a la salud del planeta como eje fundamental para lograr la de los seres vivos. En Junín tenemos un claro ejemplo de lo que las empresas extractivistas le causan al medio ambiente y a las personas. Lo sucedido en La Oroya debería ser un motivo de preocupación unánime y se deberían haber abordado medidas más contundentes para reparar los daños que esta empresa dejó a la región. La contaminación del río Mantaro no ha sido un tema que se haya atendido de la manera que merece y así vamos viendo diversas consecuencias que han generado impactos negativos en la salud de la población y como consecuencia en el crecimiento y desarrollo de la región.
Es importante que se tenga en claro que la pandemia que vivimos es la consecuencia de los daños que la humanidad le causa a la naturaleza. Si bien es cierto el impacto que genera la actividad en nuestra región y en el país no es contundente frente al de las potencias industrializadas, implementar un cambio sí hace la diferencia. Es por ello que el gobierno regional usando sus facultades debería plantear una evaluación sobre las actividades económicas que predominan en Junín y determinar el grado de impacto negativo que están produciendo.
Como un ejemplo de otra actividad económica que daña la salud está el auge que se ha evidenciado en relación a la exportación de alcachofas. Ya que se está produciendo este sin control adecuado del uso del agua y sin fiscalización de la sobreexplotación del suelo. Lo cual podría generar más adelante algún problema de escasez de los recursos. El calentamiento global ha traído como consecuencia el deshielo del nevado Huaytapallana, principal fuente de agua de las cuencas de nuestra región, por lo cual es necesario hacer un análisis en prospectiva de cuáles serán las fuentes del abastecimiento de agua. Todo ello sin contar con el hecho de que este producto que antes era de alimento cotidiano de la población de Junín, hoy no se encuentra al alcance para el consumo, salvo cuando retorna para la venta en supermercados, industrializado y más costoso.
Este breve abordaje sobre algunos puntos deberían ser profundizados desde la Dirección Regional de Salud. Ya que urge romper de una vez por todas con el paradigma que hace pensar que atender la salud es solo implementar hospitales y en el mejor de los casos establecimientos de primer nivel. Cuando en realidad se deben de atender estos aspectos como medida causal y partir desde ahí para llegar hacia el primer nivel de atención, postas y centros de salud. Dejando para el final la mirada hospitalocéntrica, que solo permite atender de manera recuperativa las consecuencias del daño letal que la política económica le causa a las vidas de las personas de nuestro país.
