Es urgente para la gobernabilidad, que la ronda de diálogos que desarrollará la presidenta del nuevo gabinete esta semana, sea realmente eficaz en el logro de consensos con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y que se considere como punto de partida el compromiso de respeto escrupuloso a la autonomía y competencias constitucionales de ambos poderes. Es la mejor forma en la praxis de la máxima “trabajar y dejar trabajar” (acuñada por el Arq. Belaunde) con eficacia, oportunidad y transparencia. Priorizando los intereses del país.
Si bien es cierto, el gobierno ha atendido la demanda mayoritaria de la población, en el sentido de que los conductores de los ministerios tengan idoneidad ética (sobre todo), debe quedar claro que el nuevo gabinete no está exento de control político. En esta coyuntura, se considera saludable que por fin se precisen los artículos 132 y 133 de la Constitución sobre la “cuestión de confianza”, a fin de que ya no sean mal utilizados por ambos poderes políticos, pretextando su propia interpretación, imprecisión que años se ha utilizado como abono para “justificar” y atizar el fuego de los enfrentamientos que tanto daño nos vienen causando. Urge y no debe descuidarse, la precisión que requiere el art. 113 sobre la “Vacancia presidencial por incapacidad moral, otro mecanismo mal utilizado por la discrecionalidad que genera.
Para ambos temas, desde mi experiencia personal, me parece que debe ampliarse a tres negativas de confianza a las propuestas de política de Estado y e iniciativas legislativas (como era en la Constitución de 1979) para que proceda la decisión de la disolución del Congreso y precisar la vacancia por incapacidad moral a los temas de corrupción que involucran directa e indubitablemente al presidente de la República. Hay dos caminos, la reforma constitucional y las leyes de desarrollo constitucional, siempre y cuando no excedan del marco de la actual Carta Magna.
La patria hoy, reclama y espera una urgente actitud de entendimiento, de concertación para la solución urgente de los problemas de la salud (pandemia), educación de nuestros niños y jóvenes, reactivación económica, creación de puestos de trabajo, lucha contra la inseguridad ciudadana y posiciones claras sobre el problema del gas de Camisea y la propuesta de referéndum en busca de una Asamblea Constituyente (nuevo factor desestabilizador) estando vigente la ley 27600 que ordena el debate de reformas dentro del cauce constitucional vigente. Debate suspendido el año 2004.
Es el tiempo de un acuerdo político que marque un hito en la historia democrática, sin concesiones a la corrupción, ni atentados contra las libertades. Es la hora de los consensos.
