Como todos ya conocemos, hace algunas semanas, el Ejecutivo encabezado por el profesor Castillo anunció una serie de medidas para implementar e impulsar una de las propuestas de campaña de su aliada Verónika Mendoza, la Segunda Reforma Agraria, sin duda alguna propuesta ambiciosa con la cual se busca, entre otros aspectos, como se expresó en su discurso de lanzamiento, solucionar las condiciones precarias y de desigualdad socio-económica que caracterizan al sector agrario de nuestro país, el profesor Castillo consideró que no ha sido atendido (dicho sector) desde la Primera Reforma Agraria (impulsada y llevada a cabo por el dictador Velasco, frase propia).
Pues, si bien es cierto esta propuesta se caracterizará por respetar los derechos de la propiedad, el promover la conectividad, de difundir tecnología, así como el aumentar y proteger los recursos hídricos de nuestro país, entre otros aspectos, también desde el Ejecutivo se han planteado propuestas como la franja de precios, que no ha beneficiado el desarrollo agrícola en los últimos años.
Muy a pesar de que con anterioridad el MINAGRI (Ministerio de Desarrollo y Riego) en varios comunicados habría prometido una estrecha coordinación con los gremios del sector y organizaciones agrarias para una mejor elaboración de los lineamientos definitivos de la nueva reforma, desde el Ejecutivo se desestimó esta iniciativa en el discurso de lanzamiento de dicha Segunda Reforma y consideró, además, que solo se debe involucrar a los “verdaderos gremios”. Sin duda, esto significa la exclusión del sector privado agroexportador del grupo de trabajo sectorial, lo que ha generado mucho más temor en los empresarios.
A raíz de esa decisión, cuestionable por cierto del Ejecutivo, algunas de las compañías del sector han optado por no realizar inversiones que se tenían previstas para este 2021, manifestando también que se proyectan retrocesos en las agroexportaciones para el próximo año 2022. Además, si bien las propuestas están orientadas a aumentar la productividad estas deben ser necesarias para revertir y mejorar las “condiciones precarias” de millones de agricultores, también es necesario dar atención a las limitaciones que enfrenta el mercado laboral agrario para permitir que el mayor progreso se traduzca en mejores condiciones de empleo y de vida para los trabajadores del sector.
Viendo el lado particular, el sector agrario en nuestro país es el más precario en esta materia, ya que ha alcanzado la mayor tasa de informalidad, 97.4% en el segundo trimestre del año en curso, y solo superó en 22.8 puntos porcentuales del promedio nacional del 74.6% para el mismo periodo, estas según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho del INEI). Asimismo, el sector agrario en nuestro país registra la mayor tasa de empleo vulnerable, con un 74.2% en el segundo trimestre de 2021 (+26.4 pp respecto del promedio nacional).
Ante esto ha nacido la discusión si en realidad la Segunda Reforma Agraría beneficiará directamente al campesinado o se tendrán los mismos resultados tan iguales o peores como la Primera Reforma Agraria.