Desde el pasado 05 de julio el Congreso de la República planteó el cambio de denominación del actual Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de “Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables”; sin duda alguna esto atraído consigo una serie de críticas hacia la Bancada de Perú Libre puesto que la autoría de dicho Proyecto de Ley (N° 1229/2021-CR) es del representante por Cajamarca Américo Gonza sumado a ello la clara postura de integrantes de los distintos Gabinetes del Gobierno en el fortalecer un discurso de discriminación, machismo y misoginia de la cual ya conocemos.

Dicha propuesta de cambio de nombre ha dividido a sectores de la política puesto que en nuestro país hoy en día la discriminación y los altos índices de violencia contra las mujeres constituyen un grave problema para el Estado Peruano, el mismo que no logra una atención prioritaria en las políticas públicas nacionales y sectoriales.

Es necesario dar a conocer que nuestro país se rige, también, por tratados internacionales, y sin embargo el efectuar modificaciones “nominales” a un ministerio acrecentar la discriminación y violencia contra las mujeres (invisibilidades en distintos sectores y espacios) y del mismo modo limita al Estado Peruano a ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE por el cual viene trabajando desde años anteriores. Asimismo, cabe mencionar que a la fecha nuestro país debe cumplir con varios compromisos y responsabilidades de carácter internacional como es el de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW vigente desde hace 25 años, cuya finalidad entre otras es garantizar y exigir el uso de los títulos y cargos en femenino cuando es gramaticalmente posible, cabe mencionar que dicha Convención sirvió del mismo modo para la creación de la Escuela de Oficiales Mujeres de la Policía Nacional, de la Ley de cuotas de participación política por género y de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres.

Por otro lado, el plantear un Ministerio de la Familia, no es algo nuevo en realizad, pues desde el MIMP se tiene la Dirección General de Familia y la Comunidad, la misma que promueve y fomenta el fortalecimiento de la familia, cuya finalidad es justamente promover la igualdad de oportunidades de entre todos sus miembros a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. No podemos dejar aquí de mencionar que a la fecha el MIMP busca reconocer las diversas composiciones de familias que en nuestro país existen.

Podemos cuestionar en algunos casos que el MIMP discrimina a la población de varones (por no hacerlo inclusivo en la denominación), pero por el contrario, cuando se trata de expresiones de violencia y discriminación, el Ministerio de la Mujer y “Poblaciones Vulnerables” recoge las denuncias de varones maltratados garantizando así una verdadera lucha por la erradicación de todo tipo de violencia principalmente de la violencia sexual y de los integrantes de familia y de su clara posición de trabajar en las nuevas masculinidades para construir una sociedad igualitaria.

No podemos permitir que el Congreso actual legisle bajo posiciones de derecha o credos religiosos, buscando la invisibilidad de un problema social que camina bajo la sombra como la otra pandemia como es el de la violencia contra la mujer, bajo una propuesta legislativa de carácter declarativo.