Podemos crecer económicamente en un país con alto grado de corrupción?
Si nos vamos a cifrar, la corrupción en el Perú de acuerdo a datos dados a conocer por la Contraloría General de la República, las pérdidas por corrupción e inconducta funcional superaron los 23 mil millones de soles en el 2019 representando el 15% aproximadamente del presupuesto anual asignado, y de 22 mil millones en el 2020 significando un poco más del 12% también del presupuesto anual del estado.
Hace unas semanas atrás, la prestigiosa compañía estadounidense de asesoría financiera, software, data y media bursátil, publicó el ranking de países latinoamericanos con mayor estabilidad económica; situando al Perú como el país líder con 56.28% por encima de Chile con 52.79% y a los pies Venezuela con 0.47%. Publicación que fue saludada por los principales líderes políticos (oficialistas y de oposición) y sobre todo por el propio presidente Pedro Castillo mencionando que ello se debe a la confianza que proyecta el país para recibir a inversionistas extranjeros a pesar del efecto rebote que vive el país. Queramos o no esto también se debe al modelo económico peruano de hace más de 25 años atrás, una economía social de mercado, la misma que debemos defender y si hay que hacer los cambios necesarios para mejorarla, que estos sean responsables.
Pero, que el Perú se sitúe por encima de muchos países latinoamericanos como un país donde existe una estabilidad económica, no deja de ser un país donde la corrupción se ha enquistado a tal punto de tener una percepción de corrupción del 36% al 2021 dos puntos porcentuales menos en comparación al año 2020, pero igual de importante para la población que sin duda alguna cree que la corrupción en el país es el mayor protagonista por haberse institucionalizado en todos los niveles de gobierno.
Ante esta crisis de transparencia entran a labrar las siguientes figuras para reducir los índices de corrupción en el país, necesitamos que se elimine de impunidad, para ello se debe trabajar en las modificaciones legislativas a fin de garantizar una sólida reforma en la legislación que favorezca en la reducir de los actos de corrupción, con mayores incentivos para los denunciantes y sanciones para los infractores; nuevas reformas para la administración de recursos públicos, lo que significa que debemos mejorar los procedimientos para el control del presupuesto desde su planeamiento, la transparencia pública, una buena y amigable accesibilidad a la información.