Tras el jugoso, apetitoso y suculento monto del contrato para garantizar el abastecimiento de comida para nuestros padres de la patria, el propio Congreso de la República ha dado a conocer que procederá a revisar una vez más el Contrato de los buffets destinado a alimentar saludablemente a los congresistas en cada sesión del pleno. Está claro que la Mesa Directiva pretende reivindicarse para con los peruanos por mostrar frivolidades en el gasto público.
“Se ha decidido revisar los servicios de alimentación que se brindan los días del pleno del Congreso. Ello, con el propósito de reorientar la política alimentaria en el marco de la racionalidad y eficiencia de los gastos en el Congreso. Mientras se realiza el estudio descrito, se brindará un servicio regular de alimentación. En los días que no haya pleno, los costos seguirán siendo asumidos por los señores congresistas”. Comunicado dado a conocer por el Legislativo que sin duda alguna no sintoniza con la política alimentaria del Gobierno ni con la justificación del trabajo Parlamentario en la aprobación de Normas y Leyes en pro de la población urbano-rural de escasos recursos; así como en las políticas de alimentación a favor de la primera infancia en el país.
Estos hechos han causado el malestar ciudadano y es que siendo el cargo de Congresista un cargo político y de representación, millones de peruanos y peruanas no se sienten precisamente representados por los mismos, lo que ha llevado a desconocer y generalizar el mal trabajo de los mismos. Varios legisladores usando su doble discurso han salido a expresar su rechazo al contrato alimenticio, renunciando a su alimentación en cada sesión del pleno, claro está que esto no garantiza que el gasto no se lleve a cabo.
Lo que si harían bien los congresistas en el ejercicio de su rol fiscalizador es solicitar los Términos de Referencia – TDR y el contrato y -de haber- adendas firmadas para conocer y verificar si este se justifica en el monto adjudicado como en la calidad del servicio brindado. Claro, para ello hay que capacitarse en Contrataciones con el Estado y conocer a fondo el expediente para solicitar su anulación o suspensión, así como en el procedimiento de contratación respectivo.
Esto nos aterriza en conocer y reconocer que en nuestro país a la fecha existe una brecha enorme entorno a la crisis alimentaria, la misma que avanza y hoy en día más de la mitad de la población carece de comida suficiente, en cifras 16,6 millones de peruanos y peruanas no tienen acceso regular, suficiente, seguro y sobretodo nutritivo, pese a que el Perú está calificado como un país con ingresos y economía media alta. Y en un importante y crítico porcentaje el 20% de la población vive en una inseguridad alimentaria aguda. Esto sin duda conlleva a que la mayoría de ciudadanos deba saciar el hambre -su hambre- con alimentos no saludables, aumentando así al alto índice de anemia por la falta de nutrientes en la alimentación. Me permito compartirles este dato: “existe un 70% de población con anemia en la mayoría de los pueblos de la selva de nuestro Perú.
