El Ministerio Público representado por el fiscal superior Jorge Luis Temple Temple de La Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash, logró que la Segunda Sala Penal de Apelaciones, confirme el mandato de prisión preventiva dictada contra el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa y otros funcionarios, procesados por el delito de colusión agravada en agravio del Estado.
El fiscal en audiencia pública, sostuvo técnica y jurídicamente que de la verificación del juicio de atribución realizado por el Ministerio Público, existen suficientes elementos de convicción de la comisión del delito que vinculan al gobernador regional de Ancash y otros funcionarios con los hechos, por lo que la apelación presentada por los procesados debería ser declarado inadmisible, al no reunir los escritos de apelación los requisitos establecidos en la Ley Procesal Penal e infundada al concurrir los presupuestos materiales para la prisión preventiva y no haberse desvirtuado el peligro procesal.
La medida restrictiva dictada, se ha impuesto dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de colusión agravada, atribuido al gobernador regional de Áncash a las funcionarios y servidores públicos intervinientes en el proceso de contratación directa, a raíz de la emergencia sanitaria, en el componente de infraestructura y equipamiento del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, para la atención de pacientes COVID-19, con una sobrevaloración de S/ 1,917.949.20 soles, esto es la defraudación al Estado por más de un millón de soles; por lo que al existir fundadas razones que involucran a los procesados, la restricción a su libertad personal dictado por el plazo de diez meses, resultaba ser necesaria.
De este modo el Ministerio Público, viene asumiendo de manera proactiva y eficaz, el rol que le atribuye las leyes, la Constitución y la lucha contra la corrupción.
