Hace dos días, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas le pidió a la Boluarte que explique sobre las muertes producidas por las protestas que rechazan su gobierno. La Boluarte, luego de notificada, en lugar de responder con celeridad, envalentonada pasó revista y posó con las Fuerzas Armadas, alucinándose, acaso, invencible, intocable, omnipotente. En la inopia de que las Fuerzas Armadas genuflexan ante la investidura, no ante la persona. Pero la Boluarte no sólo escuda sus temores en la milicia, que seguro sólo la respeta con la mirada y nada más, sino también en la conveniencia del Congreso. ¿Qué Congreso?
Un Congreso bellaco, inverecundo y estrafalario. Un Congreso en el que están bien representados los dueños del Perú como diría Carlos Malpica, los sicarios económicos en términos de Pedro Morillas, las élites del poder o los apóstoles de la economía como afirmaría Francisco Durand, los mercenarios de la republiqueta criolla conforme a las elucubraciones de Antauro Humala, la burguesía intermediaria parafraseando a Orlando Araujo, los extremos como decimos los morados. Los cara de jebe en el lenguaje de Susel Paredes.
También están los defensores de universidades que han caricaturizado la gloriosa autonomía universitaria nacida en Córdoba y la han hecho punta de lanza de argucias de mercantilistas universidades mediocres; están los que han convertido en apéndice del Parlamento al Tribunal Constitucional, constructo teórico del campeón del positivismo jurídico; están los que aborrecen el Control Difuso de las normas y reducen a los jueces a aplicadores de normas infraconstitucionales, los que han mutilado la cuestión de confianza haciendo cautivo a la decorativa Presidenta, malditos holladores del Espíritu de las Leyes, asesinos de los sueños de los muertos revolucionarios liberales del siglo XVIII; están los que desprecian la defensa de los derechos humanos, los que hasta temen a la sólo nominal Defensoría del Pueblo que ha nutrido de evidencias de expiraciones en el Perú al mundo; están los que no creen en la autonomía de la jurisdicción electoral, los que no quieren que fiscalicen los gastos de financiación de sus Partidos y los que quieren que árbitros tramposos deliberen las lides electorales. Están los representantes de nadie.
