Un grupo de congresistas, entre ellos el congresista Muñante, han iniciado una campaña que levanta un lema: «a la mujer la define la biología, no la ideología» en clara oposición al derecho a decidir, que conmemorando el 28 de septiembre: Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro ha sido motivo de diversas manifestaciones de mujeres que reclaman por este derecho.
Cuando se habla sobre el derecho a decidir es fundamental tener en cuenta los datos de mortalidad materna, ya que es necesario que se diga de una manera mucho más clara que el embarazo siempre representa un riesgo de muerte para las mujeres, aún en las mejores condiciones. Y muchas de las muertes se presentan en los periodos más avanzados del embarazo, aunque durante los primeros meses no se hayan presentado ningún tipo de señales de peligro.
Por ello y por las razones de cuidado, en el contexto de esta sociedad en la cual el cuidado recae en su totalidad sobre las mujeres, la decisión de gestar y ser madre debe ser estrictamente de las mujeres en la plenitud de su libertad sin ningún tipo de coacción ni imposición social. Ya que, sin importar las condiciones, un embarazo impuesto es considerado violencia explícita contra la mujer.
Según el informe de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza del 2022, se reportó que para el 2020, 439 mujeres murieron durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto en el Perú; 137 muertes maternas más en relación al 2019. Lamentablemente para el 2021 la cifra fue en aumento y se presentaron 493 muertes. En una comparación de la misma semana epidemiológica entre el 2021 con la de este año se evidencia una disminución de 123 muertes, pero con incrementos importantes en Ucayali, La Libertad, Huancavelica y Moquegua. Junín ocupa el séptimo lugar en número de muertes maternas.
De todos estos datos es necesario tener en cuenta uno bastante peligroso y es que de acuerdo al reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Junín registra 85 casos de nacimientos de madres niñas menores de 15 años, siendo las provincias que encabezan la lista: Chanchamayo, Huancayo y Satipo, que además se encuentran entre las 20 con los más altos registros de partos en niñas de esa edad.
El reporte de la UNFPA para el 26 de setiembre de 2022 nos indica cifras alarmantes en relación a embarazos y partos de niñas, como es que, de cada 4 nacimientos en niñas, los de 10 a 14 años todos son producto de violación. Para el 2021 se registraron 7,738 casos de violación sexual contra niñas solo de los que fueron denunciados en el Centro de Emergencia Mujer (CEM). Pero a pesar de esta evidencia tan contundente, aún hay autoridades o aspirantes a cargos, que hablan de esto como si de niñas “agrandadas” e irresponsables se tratara. Y además se niegan a la implementación de la educación sexual integral y el enfoque de género en las escuelas.
Nuestro país es uno de los países con más atraso en materia del derecho a decidir, ya que solo contamos con una minúscula oportunidad de decidir en casos de enfermedad que comprometa gravemente la salud de la mujer o que el producto sea inviable y además este solo se puede aplicar antes de las 22 semanas de gestación; pero que en la práctica no se otorga, ya que existe una terrible resistencia en las y los profesionales de la salud llamados a ejecutarlo. Lo que pone en grave riesgo la vida de todas las mujeres con estas características.
Ya tenemos como país una vergonzosa sentencia internacional por haber negado este derecho y haber sometido a tortura a quien requería de este procedimiento, pero las cosas no han cambiado para mejor, y lejos de poner el debate en brindar el acceso al aborto en plenitud y con seguridad, el Congreso de la República pretende anular este vestigio de derecho sin que la sociedad se indigne por ello e inicia esta campaña que pone en peligro la vida de las mujeres.
El derecho a decidir va más allá por el solo acceso a abortar de manera legal, segura y gratuita en los establecimientos de salud, y en compañía de profesionales capacitados. El lema que se levanta desde el feminismo es bien claro al respecto y lo que se dice a gritos desgarradores es que debemos tener el derecho a educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar y si todo lo anterior no ha sido otorgado, pues el aborto seguro es el derecho que se reclama.
Sin embargo, voy a ir más allá de esto y es que se romantiza tanto la maternidad que se le impone a la mujer ser madre como una condición innata a su naturaleza, lo que genera una obligación a gestar con la consiguiente violencia pasiva de la que no se habla.
Como hemos podido ver en este breve análisis, gestar, parir y cuidar siempre representa un riesgo de morir para las mujeres. Por ello, obligar a una mujer a ser madre es tortura y resulta terrorífico cuando vemos que en este país se le obliga a ser madre a las niñas que además de ser violadas, deben morir por el delito de un ser nefasto, de la sociedad y de autoridades que no hacen nada más que contar nacimientos sin implementar ninguna medida que les salve la vida.
El derecho a decidir no solo es el poder abortar, es poder mirar a las mujeres que somos la mitad de la población como sujetas de derecho y que merecemos una vida plena. En el mismo sentido, si una mujer en la plena libertad de sus derechos decide ser madre, el Estado está obligado a acompañarla durante todo el proceso, con acceso a servicios de salud integral y un sistema de cuidados para criar, en donde ella no sea la única responsable de la carga, sino que se involucre a los hombres. Pero el sistema económico impuesto en este país también nos niega este derecho y sustentado por grupos de poder que toman decisiones sobre nuestras vidas, nos niegan todo.
Mantener las inequidades, elemento fundamental que sustenta el sistema corrupto del cual se alimentan los grupos de poder, es su objetivo primordial. Los grandes capitales hacen fortunas a costa de nuestras vidas y poco les interesa la vida del producto no nacido como nos hacen creer. La sociedad no puede seguir siendo pasiva ante este crimen que debería ser considerado de lesa humanidad. Y este congreso, con claros vínculos con la corrupción está en esa tarea.
